El juicio por el caso conocido como “Gallo Tapado” volvió a sacudir este viernes los tribunales de Goicoechea, luego de que el principal sospechoso de desaparecer ₡3.200 millones del Banco Nacional asegurara que actuó impulsado por una presunta adicción al juego.
El imputado de apellido Olivas, quien se desempeñó como extesorero de la entidad bancaria, enfrenta una de las investigaciones más delicadas y mediáticas de los últimos años en Costa Rica, debido a que el caso es catalogado por las autoridades como el robo bancario más grande registrado en la historia del país.
Durante la audiencia, la defensa sostuvo que el acusado padece ludopatía, una condición vinculada al impulso compulsivo hacia las apuestas y los juegos de azar. Según los abogados, esa supuesta enfermedad habría llevado a Olivas a buscar dinero “sin medir consecuencias” para sostener gastos relacionados con lotería y apuestas.
Para respaldar esa versión, los defensores presentaron ante el tribunal un informe elaborado por un psicólogo privado, en el que se concluye que el exfuncionario presenta características compatibles con esa condición.
“El dictamen viene a ratificar que mi patrocinador sufre una patología reconocida por el manual DSM-5”, indicó uno de los abogados durante la exposición realizada ante los jueces.
La estrategia legal intenta explicar el comportamiento que mantuvo el acusado entre 2021 y 2023, periodo en el que desaparecieron múltiples sobres de Manila que contenían enormes sumas de dinero en efectivo pertenecientes al banco estatal.
Sin embargo, la Fiscalía rechazó con firmeza ese argumento y cuestionó que la defensa pretenda acreditar una eventual enfermedad mediante un informe privado.
Los representantes del Ministerio Público insistieron en que únicamente Medicatura Forense tiene la capacidad de determinar oficialmente si el sospechoso realmente presenta una adicción al juego.
Además, los fiscales recalcaron que, aun cuando se comprobara esa condición, eso no eliminaría la responsabilidad penal del imputado.
“La ludopatía no impide comprender que una conducta es ilícita”, señalaron durante la audiencia judicial.
La acusación sostiene que una eventual condición psicológica únicamente podría ser valorada más adelante como un elemento atenuante para una eventual condena, pero no como un factor para excluir responsabilidad.
El caso continúa desarrollándose en medio de una enorme atención pública debido a la magnitud del faltante millonario y al impacto que provocó dentro del sistema bancario nacional.
Paralelamente, las autoridades mantienen otra causa abierta contra ocho funcionarios del Banco Nacional, quienes son investigados por presuntamente haber facilitado o permitido las condiciones que hicieron posible la desaparición del dinero.
