Aguilar acusa al gobierno de borrar fondos para el OIJ; Acosta dice que eran ilegales
San José — La diputada del PLN Ángela Aguilar prendió una alerta en el Plenario al señalar que el presupuesto extraordinario enviado por el Poder Ejecutivo eliminó normas que asignaban recursos al Organismo de Investigación Judicial y al Ministerio de Seguridad Pública. La denuncia encendió de inmediato el debate con el oficialismo.
«La preocupación es para poder hacer este llamado y también ver el porqué de la eliminación de la norma 10 y también de las 31 restantes», manifestó Aguilar durante la revisión del documento.
La defensa del oficialismo
El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, respondió sin rodeos: las normas eliminadas eran ilegales. «Las normas que se han incorporado en el presupuesto son ilegales y han constituido una forma de distraer recursos de ciertas partidas hacia otras», afirmó.
Acosta fue más allá y señaló que la Asamblea no tiene competencia para modificar los objetivos de política pública que define el Ejecutivo en el presupuesto. «El presupuesto que construye el Poder Ejecutivo tiene un objetivo de política pública y no tiene la Asamblea que estarlas modificando», sostuvo.
El choque de fondo
El intercambio expone una tensión constitucional que no es nueva pero que cobra especial relevancia en este período: la Asamblea Legislativa tiene la potestad de introducir modificaciones al presupuesto, pero el Ejecutivo sostiene que esas intervenciones desvirtúan la orientación del gasto público.
El debate adquiere una capa adicional de paradoja: el gobierno de Fernández tiene entre sus prioridades más declaradas el fortalecimiento de la seguridad pública, y es precisamente en las instituciones de seguridad donde la diputada detectó la eliminación de los fondos. El Ministerio explicará sus razones al presentar el presupuesto en comisión.
