República Dominicana confirmó este martes la firma de un acuerdo con Estados Unidos que permitirá el ingreso temporal de migrantes deportados desde territorio estadounidense, en medio de la política de expulsiones masivas impulsada por el presidente Donald Trump.
El convenio contempla que personas procedentes de terceros países puedan permanecer de manera transitoria en suelo dominicano mientras se coordina su retorno hacia sus naciones de origen.
El anuncio fue realizado mediante un comunicado oficial del gobierno dominicano, que detalló que el mecanismo funcionará bajo un memorando de entendimiento “no vinculante”.
Deportados permanecerán de forma temporal
Según las autoridades, los migrantes llegarán bajo una condición de tránsito excepcional y limitada.
El acuerdo establece que las personas trasladadas no podrán tener antecedentes penales y permanecerán temporalmente en República Dominicana mientras se completa el proceso de retorno.
El gobierno también aclaró que la medida excluye expresamente a ciudadanos haitianos y a menores de edad que viajen sin acompañamiento familiar.
Hasta ahora, las autoridades no han detallado qué nacionalidades serán incluidas dentro del programa ni cuántas personas podrían ser enviadas desde Estados Unidos.
Washington financiará parte del operativo
El documento indica además que el programa contará con apoyo económico y logístico del gobierno estadounidense.
Ese respaldo incluirá financiamiento para cubrir condiciones de permanencia temporal, atención básica y coordinación de los traslados hacia los países de origen de los deportados.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Washington para gestionar el aumento de deportaciones y reducir la presión migratoria dentro de territorio estadounidense.
En los últimos meses, la administración Trump ha buscado acuerdos similares con distintos gobiernos de América Latina y otras regiones.
Críticas por impacto humanitario
Las políticas de deportación masiva promovidas por Estados Unidos han generado fuertes cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales.
Diversos grupos advierten sobre los riesgos de trasladar migrantes hacia países distintos a los suyos, especialmente cuando no existen garantías claras sobre protección legal, acceso a servicios o condiciones de permanencia.
El acuerdo también genera atención regional debido a la situación migratoria en República Dominicana, país que mantiene una política estricta contra la migración irregular, especialmente hacia ciudadanos haitianos.
Cada año, miles de personas procedentes de Haití son deportadas desde territorio dominicano en medio de la crisis política, económica y de seguridad que atraviesa la nación vecina.
Actualmente, Haití enfrenta una de las peores crisis humanitarias de la región, con amplias zonas bajo control de grupos armados y fuertes limitaciones institucionales.
