El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, salió al paso de las dudas y críticas generadas tras el decreto firmado por la presidenta Laura Fernández que modifica las reglas relacionadas con el llamado “año carcelario” y las rebajas de condena para personas privadas de libertad.
El jerarca aseguró que la intención del Gobierno es cerrar portillos que permitían reducciones automáticas en las penas y dejó claro que, bajo la nueva línea impulsada por el Ejecutivo, las rebajas únicamente procederán mediante trabajo, estudio u otras actividades de reinserción dentro del sistema penitenciario.
“Una cárcel no es un hotel”, afirmó Aguilar al defender la medida.
El decreto anunciado por la presidenta establece que el año carcelario pasará a contabilizarse con 360 días completos y que ya no será posible reducir automáticamente ese período en el cumplimiento de condenas.
La decisión forma parte de la estrategia del nuevo gobierno para endurecer las políticas penitenciarias y enviar una señal de mano dura frente a la criminalidad.
Sin embargo, tras el anuncio surgieron cuestionamientos de abogados penalistas y especialistas en derecho penal, quienes recordaron que el artículo 55 del Código Penal mantiene vigente la posibilidad de descontar días de prisión a quienes participen en labores educativas o productivas dentro de los centros penales.
Dicha norma establece que una persona privada de libertad puede reducir un día de condena por cada dos días de trabajo o estudio realizados.
Ante esto, Aguilar aclaró que el beneficio seguirá existiendo, pero únicamente bajo esos mecanismos establecidos por ley y no mediante otros esquemas que, según el Gobierno, terminaban debilitando el cumplimiento efectivo de las penas.
El ministro insistió en que la administración busca revisar y limitar beneficios penitenciarios que considera excesivos o alejados del principio de responsabilidad penal.
Además, sostuvo que el decreto respeta plenamente el marco legal vigente, ya que las decisiones relacionadas con reducción de penas continúan siendo una facultad técnica del Instituto Nacional de Criminología, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz.
La medida forma parte de una serie de acciones impulsadas por la administración de Laura Fernández en materia de seguridad y justicia, en momentos donde el endurecimiento contra el crimen organizado y la delincuencia se ha convertido en uno de los principales ejes políticos del Gobierno.
El debate sobre las rebajas de penas y el funcionamiento del sistema penitenciario vuelve así a colocarse en el centro de la discusión nacional, especialmente entre quienes defienden políticas más estrictas y quienes advierten sobre posibles tensiones legales o constitucionales.
