La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, arrancó su mandato con una de las decisiones más esperadas en materia de seguridad y justicia penal: la firma del decreto que elimina el llamado “año carcelario” de 300 días, un mecanismo que permitía reducir el tiempo efectivo que muchos privados de libertad permanecían en prisión.
La medida había sido objeto de fuertes cuestionamientos durante los últimos años, especialmente por sectores que consideraban que el sistema otorgaba beneficios excesivos a personas condenadas por distintos delitos.
Con la firma del decreto, la nueva administración busca que las penas impuestas por los tribunales se cumplan de manera íntegra, enviando además un mensaje político de endurecimiento frente a la criminalidad.
Desde la campaña electoral, Fernández había insistido en que uno de sus compromisos era revisar los mecanismos que permitían reducciones de condena, argumentando que la ciudadanía reclamaba acciones más firmes ante el aumento de la inseguridad y la violencia.
La decisión fue anunciada como una de las primeras acciones oficiales del nuevo Gobierno tras el traspaso de poderes realizado este jueves.
Además del tema de seguridad, la mandataria también confirmó la convocatoria inmediata a sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, con el objetivo de reactivar proyectos considerados prioritarios para su administración.
Entre las iniciativas mencionadas destacan el proyecto de la Marina de Limón, el plan de Ciudad Gobierno y el desarrollo relacionado con Crucitas, propuestas que habían enfrentado trabas políticas y falta de consenso en el periodo legislativo anterior.
La nueva administración sostiene que estas iniciativas podrían generar inversión, empleo y dinamizar distintas regiones del país, especialmente en zonas que han enfrentado dificultades económicas en los últimos años.
El anuncio de Fernández ocurre en medio de altas expectativas ciudadanas sobre los primeros pasos de su Gobierno, particularmente en temas relacionados con seguridad, reactivación económica e infraestructura pública.
