Desacatos a la Sala IV se cuadruplicaron en cuatro años: de 196 a 788 casos
San José — La Sala Constitucional tiene buenas y malas noticias. La buena es que el 95,13% de sus sentencias se acatan. La mala es que los casos de desacato no han parado de crecer desde 2021 y en 2025 alcanzaron su máximo histórico: 788 casos, cuatro veces más que los 196 registrados apenas cuatro años antes.
El dato forma parte de un informe estadístico presentado este martes por el Centro de Jurisprudencia Constitucional (CEJUCO), que analizó 254.817 asuntos votados por el tribunal entre 2018 y el primer trimestre de 2026. De ese total, 65.404 derivaron en sentencias con órdenes concretas para instituciones o personas.
La curva que preocupa a los magistrados
El punto de inflexión llegó en 2022. Hasta ese año, los desacatos se mantenían en niveles manejables: 196 casos en 2021. En 2022 la cifra se duplicó de golpe a 389. Desde entonces no ha bajado: 533 en 2023, 659 en 2024, 788 en 2025. Solo en el primer trimestre de 2026 ya se acumulan 183 casos, una tasa que proyecta un nuevo récord al cierre del año si la tendencia se mantiene.
La coincidencia temporal entre el salto de 2022 y el inicio de la administración Chaves no pasó desapercibida en los análisis del sector jurídico, aunque el informe del CEJUCO no establece ninguna causalidad directa entre ambos fenómenos.
Quiénes desacatan más y en qué temas
El informe identifica con nombre propio a las instituciones con mayor incidencia de incumplimientos. La Caja Costarricense de Seguro Social encabeza la lista, seguida por el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales. Las áreas temáticas con mayor recurrencia son salud, trabajo y gestión municipal, tres sectores donde la brecha entre lo que ordena el tribunal y lo que ejecuta la administración pública resulta más visible para los ciudadanos.
Cómo responde la Sala: insistencia antes que sanción
Ante el fenómeno, la Sala Constitucional ha optado por una estrategia gradual que privilegia la reiteración sobre el castigo. La medida más utilizada es la figura de «se reitera», con 3.317 registros en el período analizado. Le siguen las ampliaciones de plazo para el cumplimiento, con 419 casos.
Las sanciones duras son la excepción: solo se han abierto 20 procedimientos administrativos y en 31 casos se ha procedido a testimoniar piezas ante el Ministerio Público para que investigue posibles delitos por incumplimiento de órdenes judiciales.
El contraste entre la magnitud del problema y la levedad de las sanciones aplicadas es uno de los puntos que el informe deja en el aire sin responder. Si la tendencia continúa, la pregunta de fondo es hasta dónde puede crecer la cifra de desacatos antes de que la estrategia de insistencia deje de ser suficiente para mantener la autoridad del tribunal.
Transparencia trimestral como herramienta de presión
El CEJUCO informó que los datos serán actualizados de forma trimestral, lo que implica que cualquier ciudadano podrá monitorear en tiempo casi real si las instituciones acatan o no las órdenes de la Sala Constitucional. La publicación periódica del informe también genera presión política sobre los jerarcas de las instituciones con mayor incidencia de desacatos, al hacer visible ante la opinión pública su historial de cumplimiento.
