La presidenta mexicana advierte que no se tolerarán injerencias extranjeras, pero tampoco se encubrirán delitos si se comprueban
La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un nuevo momento de tensión tras las acusaciones del gobierno estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática: su administración no protegerá a ningún funcionario que haya cometido delitos, pero insistió en que cualquier acción debe basarse en pruebas sólidas. “Tiene que haber evidencia contundente”, reiteró durante su conferencia matutina.
Las acusaciones fueron presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que señala a Rocha Moya y a otros funcionarios de supuestamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”. Según el documento, existirían acuerdos para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de beneficios políticos y económicos.
El gobernador ha rechazado categóricamente los señalamientos, calificándolos como un ataque político. Mientras tanto, el gobierno mexicano ha optado por una postura institucional: revisar la información antes de tomar decisiones.
En ese sentido, la Fiscalía General de la República será la encargada de analizar las pruebas enviadas desde Estados Unidos y determinar si existen elementos suficientes para iniciar un proceso legal o considerar una eventual solicitud de extradición.
Sheinbaum también lanzó una advertencia clara sobre la soberanía nacional. Señaló que México mantiene relaciones de igualdad con otros países y no permitirá intervenciones externas en asuntos internos. Esta postura se intensificó tras declaraciones del embajador estadounidense Ronald Johnson, a quien la mandataria acusó de adoptar una actitud inapropiada al referirse públicamente al caso.
El contexto agrava la situación. Las acusaciones surgen en medio de otros episodios sensibles en la relación bilateral, como investigaciones recientes que involucran a agentes estadounidenses en territorio mexicano, lo que ha generado cuestionamientos sobre cooperación y límites de actuación.
Más allá del caso puntual, el tema reabre un debate histórico en la región: el equilibrio entre la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el respeto a la soberanía de los países.
Por ahora, el proceso entra en una fase de análisis. Mientras Washington sostiene sus señalamientos, el gobierno mexicano insiste en que cualquier decisión se tomará bajo su marco legal y con base en pruebas verificables. En medio de esta disputa, lo que está en juego no es solo la situación de un funcionario, sino también la estabilidad diplomática entre dos socios clave.
