Más de 200 acusados escucharon relatos de extrema violencia durante un proceso que también genera cuestionamientos por su alcance y garantías legales.
Un juicio sin precedentes en El Salvador ha puesto en el centro del debate tanto la magnitud de la violencia de las pandillas como las estrategias del Estado para combatirlas. En una sala judicial dentro del Centro de Confinamiento del Terrorismo, decenas de acusados enfrentan cargos por miles de crímenes atribuidos a estructuras criminales.
En esta etapa del proceso, más de 200 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) permanecieron en silencio mientras se presentaban testimonios que describen graves hechos de violencia contra víctimas. Las declaraciones forman parte de un caso mucho más amplio que involucra a cerca de 500 imputados, muchos de ellos conectados de forma virtual desde distintos centros penitenciarios.
El juicio, que se desarrolla en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, es considerado por el gobierno del presidente Nayib Bukele como un paso clave en su estrategia contra las pandillas, iniciada tras una ola de homicidios registrada en 2022.
Según la Fiscalía, los acusados estarían vinculados a decenas de miles de asesinatos y otros delitos graves cometidos durante años. Parte de las pruebas incluye testimonios de colaboradores y testigos protegidos, quienes han detallado la estructura interna de estas organizaciones y cómo se habrían ordenado crímenes desde distintos niveles de mando, incluso desde prisión.
Sin embargo, el proceso también ha generado críticas a nivel internacional. Organizaciones de derechos humanos advierten que los juicios masivos podrían comprometer garantías básicas del debido proceso, al involucrar a un gran número de personas en procedimientos conjuntos. Estas preocupaciones se dan en el contexto del estado de excepción vigente, bajo el cual han sido detenidas decenas de miles de personas.
El gobierno salvadoreño, por su parte, defiende la legalidad y necesidad de estas medidas, argumentando que responden a una situación de seguridad extraordinaria y que han permitido reducir significativamente los índices de violencia en el país.
Para la región centroamericana, incluida Costa Rica, este tipo de políticas genera interés y debate. Por un lado, se observa el impacto en la reducción del crimen; por otro, surgen preguntas sobre el equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos fundamentales.
El juicio continúa en desarrollo y se espera que se extienda por varias semanas más. Su desenlace podría marcar un precedente en la forma en que los países de la región enfrentan el crimen organizado y las estructuras de pandillas.
