El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República sumó un nuevo episodio este miércoles, luego de que el presidente Rodrigo Chaves rechazara retractarse de sus declaraciones y, en cambio, solicitara públicamente la renuncia de la contralora Marta Acosta.
La reacción del mandatario surge tras recibir un oficio en el que Acosta le exigía una “inmediata retractación”, al considerar que las afirmaciones hechas por el presidente eran falsas y dañinas para su imagen y la institucionalidad.
De la retractación al llamado a renuncia
Lejos de suavizar el tono, Chaves intensificó sus críticas y cuestionó la permanencia de Acosta en el cargo, señalando que ha ocupado funciones dentro de la institución durante cerca de dos décadas.
El presidente sostuvo que, a su criterio, las decisiones tomadas desde la Contraloría han tenido efectos negativos para el país, lo que justificaba —según su posición— su solicitud de renuncia.
El origen del conflicto: escáneres y seguridad
El detonante de esta nueva confrontación gira en torno al proceso para instalar escáneres en puertos y fronteras, una medida impulsada por el Gobierno como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico.
Chaves ha señalado que la Contraloría habría puesto obstáculos al proyecto, cuestionando los criterios utilizados para frenar o revisar el proceso. Incluso, sugirió que la oposición a esta iniciativa podría deberse a desconocimiento técnico o a otras motivaciones.
Respuesta firme desde la Contraloría
Por su parte, Acosta rechazó categóricamente las acusaciones mediante un documento oficial, en el que negó haber bloqueado la compra de escáneres o haber favorecido intereses particulares.
Además, fue enfática en rechazar cualquier insinuación que la vincule, directa o indirectamente, con actividades ilícitas, marcando una línea clara frente a los señalamientos del Ejecutivo.
Un conflicto que no es nuevo
La tensión entre ambas figuras no es reciente. Ya en 2025 se había registrado un episodio similar, cuando la contralora solicitó una rectificación pública por declaraciones del mandatario. En aquel momento, el conflicto escaló incluso a la vía constitucional.
Este nuevo intercambio evidencia que la relación entre Casa Presidencial y la Contraloría se mantiene en un punto crítico, con un tono cada vez más confrontativo.
Límites institucionales en juego
A pesar de la contundencia del mensaje presidencial, el marco legal costarricense establece que el presidente no tiene potestad para destituir a la contralora, lo que convierte la solicitud de renuncia en un gesto político más que en una acción con efectos inmediatos.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre poderes y el papel de los órganos de control en el país, en un contexto donde las tensiones institucionales continúan marcando la agenda nacional.
