El Gobierno de Costa Rica firmó un memorando de entendimiento con los Estados Unidos para la gestión conjunta de flujos migratorios. El acuerdo se selló en el marco de la visita estratégica de la enviada especial del «Escudo de las Américas», Kristi Noem, y establece un mecanismo para que el gigante del norte proponga el traslado de ciudadanos extranjeros (no estadounidenses) hacia suelo costarricense.
Aunque el documento es de carácter no vinculante, abre la puerta para que se trasladen hasta 25 personas por semana a territorio nacional, una cifra que, según Casa Presidencial, podrá ajustarse según lo determine el país de manera independiente. El Gobierno fue enfático en que la soberanía se mantiene intacta: “La decisión final de aceptar o rechazar cada caso será tomada por Costa Rica de manera independiente”, reza el comunicado, asegurando que el país no adquiere obligaciones legales automáticas.
Una vez en Costa Rica, los migrantes recibirán una condición legal temporal bajo la legislación nacional mientras se define su situación jurídica. El acuerdo pone especial énfasis en el respeto a los Derechos Humanos y la protección contra el retorno a países donde las personas enfrenten persecución o peligro.
Para evitar un impacto en las arcas del Estado, se estableció que “Estados Unidos gestionará el apoyo financiero necesario”, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se encargará de la logística de alojamiento y alimentación, “sin que esto represente un gasto directo para Costa Rica”.
