La polémica por el ciberataque que afectó sistemas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ahora también sacude el plano diplomático. Las autoridades chinas reaccionaron con firmeza luego de que desde el Gobierno costarricense se mencionara la posible participación de actores vinculados a ese país en la intrusión informática.
La embajada de China en Costa Rica emitió un comunicado en el que rechaza tajantemente los señalamientos y exige al gobierno costarricense presentar pruebas claras que respalden las afirmaciones realizadas en torno al origen del ataque.
La representación diplomática calificó las acusaciones como infundadas y aseguró que, hasta el momento, no se les ha presentado ninguna evidencia técnica ni se ha solicitado cooperación oficial para investigar el incidente.
El pronunciamiento también dejó ver el malestar del gobierno chino ante la situación. En el documento, la embajada expresó su sorpresa y decepción por las declaraciones realizadas desde Costa Rica y advirtió que acusaciones sin respaldo pueden afectar la confianza entre ambos países.
Desde la perspectiva de las autoridades chinas, su país no tendría interés en acceder a información interna de Costa Rica. Incluso sugirieron que los señalamientos podrían responder a presiones o intereses geopolíticos de terceros actores en medio de disputas internacionales relacionadas con ciberseguridad.
La controversia surgió luego de que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones informara sobre una vulneración en sistemas del ICE que permitió la extracción de aproximadamente nueve gigabytes de información administrativa.
Ante la reacción diplomática, la ministra Paula Bogantes aclaró que la referencia a posibles grupos de origen chino se basa en reportes preliminares elaborados por empresas internacionales especializadas en ciberseguridad. Estos análisis identificaron patrones que han sido asociados previamente con actores vinculados a ese país.
Sin embargo, la jerarca también reconoció que el análisis forense digital completo aún se encuentra en desarrollo y que las autoridades costarricenses continúan investigando para determinar con certeza el origen del ataque.
Paralelamente, el Organismo de Investigación Judicial tramita una denuncia penal por espionaje informático relacionada con la sustracción de datos del ICE. La investigación busca determinar quiénes estuvieron detrás de la intrusión y cuál fue el alcance real de la información comprometida.
El episodio ha generado preocupación en distintos sectores del país, ya que el ICE es una de las instituciones estratégicas para el funcionamiento del sistema eléctrico y de telecomunicaciones en Costa Rica. Una vulneración de este tipo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad digital de las infraestructuras críticas del Estado.
Mientras avanzan las pesquisas técnicas, el intercambio de declaraciones entre ambos países mantiene en tensión la relación diplomática. El resultado de los análisis forenses será determinante para esclarecer la procedencia del ataque y definir el rumbo que tomará esta controversia internacional.
