La Sala Constitucional anuló la tarde de este viernes los tres procedimientos de subasta del espectro radioeléctrico que impulsaba el Poder Ejecutivo para radio AM, FM y televisión abierta.
Bajo el voto 2026-7626, la mayoría de los magistrados determinó que el Gobierno ignoró un pilar fundamental de la democracia: el pluralismo de medios y contenidos. Según el Alto Tribunal, el Ejecutivo no garantizó una distribución equitativa que proteja una Sociedad de la Información Libre y Plena, centrando la subasta en criterios económicos por encima del acceso democrático a las frecuencias.
Freno total a los concursos de SUTEL
La resolución dispone la anulación inmediata de los procesos 2025LY-000001-SUTEL (AM), 2025LY-000002-SUTEL (FM) y 2025LY-000003-SUTEL (TV). Además, el tribunal ordenó a los jerarcas de la Presidencia, del Micitt y de la SUTEL coordinar acciones urgentes para que los servicios actuales no se interrumpan mientras se define un nuevo modelo de adjudicación.
Los magistrados fueron enfáticos en que los futuros concursos no podrán usar la oferta económica más alta como único criterio, sino que deberán asegurar una distribución «equitativa, transparente e igualitaria».
Advertencia de cárcel para jerarcas
El fallo no solo anula el proceso, sino que impone una advertencia directa a los ministros y al presidente de SUTEL. De incumplir con lo ordenado por la Sala, los funcionarios se exponen a penas de entre 3 meses y 2 años de cárcel, según lo establece la Ley de la Jurisdicción Constitucional por desobediencia.
«Se condena a la Superintendencia de Telecomunicaciones y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria», subraya la parte dispositiva del voto.
Un proceso bajo la lupa
La decisión llega tras recibir 17 gestiones de ciudadanos y organizaciones, principalmente religiosas y regionales, que se sentían excluidas por el modelo de subasta planteado. Aunque hubo votos salvados en cuanto a la forma de proceder, la mayoría coincidió en que el acceso a servicios culturales, religiosos, educativos y regionales debe estar plenamente garantizado en cualquier nuevo concurso que se publique.
