Tocar la fibra más sensible del tico: El equipo cercano a la presidenta electa destapa una estrategia de seguridad inédita que sepultaría 75 años de tradición pacifista, exigiendo a los nuevos diputados «madurez» para permitir la instalación permanente de fuerzas armadas extranjeras.
Una sacudida de proporciones históricas recorre los pasillos políticos de San José. Lo que por décadas fue un tema tabú en el país del «Pura Vida», hoy se pone sobre la mesa de la mano del círculo de confianza de la próxima administración. Fabián Silva Gamboa, abogado constitucionalista y recién nombrado asesor de la presidenta electa Laura Fernández, ha encendido la pradera al proponer abiertamente una reforma a la Constitución Política para permitir la instalación de bases militares de Estados Unidos en territorio nacional.
La iniciativa no es un simple comentario al aire; se plantea como una estrategia geopolítica radical para frenar el avance del narcotráfico y el crimen organizado transnacional que desangra al país.
El objetivo: Las costas y los «capos»
Durante su intervención en el espacio televisivo Octavo Mandamiento, Silva fue directo al grano. Su propuesta apunta a ceder espacios estratégicos en Limón, Puntarenas y Guanacaste —las principales arterias del narcotráfico— para que fuerzas estadounidenses operen de manera permanente.
El raciocinio del asesor presidencial se basa en la cruda realidad operativa: Costa Rica carece de la fuerza bélica y legal para enfrentar a cárteles internacionales. La idea central es que el poderío militar norteamericano actúe como un muro de contención disuasorio y, más importante aún, que facilite la captura y extradición directa de los líderes criminales hacia prisiones de máxima seguridad en Norteamérica.
“El crimen se desarrolla aquí, pero el efecto nocivo se extiende a todos los países. No deberíamos cargar con esa mafia en Costa Rica”, argumentó el jurista, exigiendo que el debate se lleve con «patriotismo» y sin apasionamientos ideológicos.
El choque histórico: El Artículo 12
Esta propuesta choca de frente con el pilar más sagrado de la identidad costarricense: la abolición del ejército en 1948. Desde el punto de vista del Derecho Constitucional, la Carta Magna es clarísima. Su artículo 12 proscribe el ejército como institución permanente y establece que las fuerzas militares solo pueden organizarse por convenios continentales o defensa nacional (y siempre subordinadas al poder civil tico).
Análisis del escenario legislativo: Albergar bases extranjeras de forma permanente requiere, obligatoriamente, abrir el candado de la Constitución. Esto no se logra con un simple decreto presidencial. Implica un complejísimo proceso en la Asamblea Legislativa que requiere:
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Mayorías calificadas (38 votos como mínimo).
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Lecturas en múltiples legislaturas.
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Un consenso político que, históricamente, ha sido casi imposible de alcanzar cuando se trata de la soberanía nacional.
De hecho, Silva lanzó un reto directo a los diputados que asumirán curules en mayo, cuestionando si tendrán la «madurez» para discutir esto sin caer en el circo político del pasado cuatrienio.
El silencio en Zapote y el peso del equipo
El peso de estas declaraciones radica en quién las emite. Fabián Silva no es un actor solitario; forma parte del «cuarteto de hierro» legal presentado recientemente por Laura Fernández, compartiendo mesa con figuras de altísimo perfil como el penalista y exministro Juan Diego Castro, el experto constitucional Fabián Volio y la abogada María Lourdes Echandi.
Hasta el cierre de esta edición, la oficina de prensa de la presidenta electa ha mantenido cautela, sin confirmar ni desmentir si la instalación de bases militares será un proyecto de ley oficial del Poder Ejecutivo o si se trata de una opinión a título personal de su asesor.
El país se asoma a una encrucijada monumental: mantener intacto su histórico símbolo de paz y neutralidad desarmada, o reformar su ADN institucional para permitir que una superpotencia libre la guerra contra el narco desde suelo costarricense.
