El proceso penal contra Nicolas Maduro en Nueva York suma un nuevo capítulo, esta vez centrado en la financiación de su defensa. El equipo legal del exmandatario aseguró ante la Corte Federal del Distrito Sur que no cuenta con recursos propios para pagar abogados y que el gobierno estadounidense le impide utilizar fondos del Estado venezolano para cubrir esos honorarios.
La controversia surge tras una decisión de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, que modificó una licencia previamente otorgada.
La licencia que cambió en horas
Según una carta enviada al juez Alvin K. Hellerstein por el abogado Barry J. Pollack, el 9 de enero la OFAC autorizó inicialmente que los honorarios legales de Maduro fueran cubiertos con fondos del gobierno venezolano, bajo el argumento de que la legislación y práctica de ese país contemplan que el Estado asuma los gastos del presidente y la primera dama.
Sin embargo, menos de tres horas después, la agencia enmendó la licencia correspondiente a Maduro y eliminó la autorización para recibir esos recursos. La licencia de su esposa, Cilia Flores, quien también enfrenta cargos, no fue modificada.
La defensa solicitó el 11 de febrero que se restableciera la autorización original, alegando que impedir el pago vulnera el derecho constitucional del acusado a elegir a su abogado, amparado por la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.
El impacto en el juicio
Por ahora, los abogados no han presentado una moción formal, pero advirtieron que podrían hacerlo si la OFAC no responde o rechaza su solicitud. El objetivo sería que el tribunal intervenga para garantizar que el acusado pueda ejercer plenamente su derecho a defensa.
En la audiencia inicial, el juez Hellerstein había solicitado a la Fiscalía colaborar para asegurar una representación “plena y celosa”, lo que ahora coloca el tema financiero en el centro de la discusión procesal.
El caso, que se remonta a 2020, acusa a Maduro y a otros altos funcionarios de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, bajo la figura conocida como el “Cartel de los Soles”. Durante años, el proceso avanzó sin su presencia, hasta su reciente captura y comparecencia ante la corte.
Más allá del expediente penal
La disputa por la licencia no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas y diplomáticas. De un lado, están las sanciones económicas impuestas por Washington contra el gobierno venezolano; del otro, el debate sobre si esas medidas pueden limitar derechos procesales dentro de un juicio federal.
El desenlace podría sentar un precedente sobre cómo interactúan las sanciones internacionales con garantías constitucionales en tribunales estadounidenses.
La próxima audiencia de Maduro y Flores está programada para el 26 de marzo de 2026. Antes de esa fecha, el tribunal podría verse obligado a definir si el exmandatario podrá o no financiar su defensa con recursos del Estado venezolano, una decisión que podría influir directamente en la estrategia legal y en el ritmo del proceso.
