El presidente Rodrigo Chaves volvió a encender el debate político al referirse al llamado “caso Barrenador” como un “montaje descarado, vulgar y de mala fe”, en una de sus declaraciones más fuertes contra sectores del Poder Judicial y la oposición legislativa.
Sus palabras llegan después de que una comisión especial de la Asamblea Legislativa, encargada de investigar presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), emitiera un informe de mayoría que descarta anomalías en la licitación N.° 2023LY-0000002-0001101142.
El informe que cambia el tono
El documento, respaldado por cuatro diputados, concluye que el proceso se realizó bajo criterios de razonabilidad técnica y legal. Además, sugiere que hubo manipulación de datos en la construcción de las denuncias que dieron origen al caso.
Con ese respaldo legislativo, el mandatario no solo defendió la actuación de su administración, sino que pasó a la ofensiva señalando directamente a funcionarios del Área de Contabilidad de Costos y de la Auditoría de la CCSS, así como a figuras de alto perfil institucional.
Entre los mencionados por el presidente figuran la contralora Marta Acosta Zuniga, el fiscal general Carlo Diaz, el presidente legislativo Rodrigo Arias Sanchez y la magistrada Patricia Solano.
Defensa cerrada a Esquivel
Uno de los puntos centrales del discurso presidencial fue la defensa de Marta Eugenia Esquivel, quien fue suspendida en medio del proceso judicial.
Chaves aseguró que los estudios técnicos demuestran que la decisión cuestionada no solo no perjudicaba la hacienda pública, sino que representaba un ahorro cercano a los ₡18.000 millones, acompañado de una mejora en el servicio.
Además, criticó a quienes cuestionaron su posterior nombramiento como ministra de Planificación, señalando que el caso habría sido utilizado como herramienta para presionar y debilitar a su gobierno.
Un choque institucional que escala
El presidente también arremetió contra la Fiscalía y advirtió que continuará denunciando lo que considera irregularidades dentro del sistema judicial. “Esto no termina aquí, apenas empieza”, afirmó, dejando claro que el conflicto político-institucional está lejos de cerrarse.
El caso Barrenador se ha convertido en un nuevo capítulo de la tensión entre el Ejecutivo, el Legislativo y sectores del Poder Judicial, en un contexto donde las contrataciones de la CCSS y el control del gasto público están bajo constante escrutinio.
Más allá del informe legislativo, el pulso ahora se traslada al terreno político y judicial. La discusión no solo gira en torno a una licitación específica, sino al equilibrio de poderes y a la confianza en las instituciones en un momento de alta polarización nacional.
