«Cero alcahuetería con las penas»: Mientras en Casa Presidencial afilan el lápiz para un inminente veto, la cúpula judicial saca pecho por el proyecto aprobado en la Asamblea, asegurando que es el remedio definitivo para ordenar el desastre histórico de las prisiones ticas.
El tablero político costarricense está que arde tras la aprobación en segundo debate legislativo del Expediente 24.019 este jueves 19 de febrero. Sabiendo que desde Zapote llueven las críticas y se asoma la amenaza de un veto presidencial, el Poder Judicial decidió no quedarse en silencio y salió públicamente a defender lo que ellos mismos catalogan como un «avance histórico» para la justicia del país.
Lejos de la narrativa de que esta legislación le amarra las manos al Gobierno de turno en su lucha contra el crimen, los magistrados e impulsores técnicos del proyecto aseguran que la Ley de Ejecución de la Pena y Medidas de Seguridad Curativas viene a ponerle candado legal a un sistema que llevaba décadas operando en una peligrosa zona gris.
Media década de atraso: La deuda con la Sala IV
Para entender la celebración en los pasillos de la Corte, hay que mirar por el retrovisor. Costa Rica llevaba más de 50 años manejando las cárceles sin un marco regulatorio específico y moderno, sosteniendo el sistema a punta de reglamentos y directrices cambiantes del Ministerio de Justicia.
Esta laguna legal había sido señalada y fuertemente criticada en reiteradas ocasiones por la Sala Constitucional. La ausencia de una ley clara permitía que los lineamientos sobre cómo tratar a los privados de libertad o cómo administrar las prisiones cambiaran drásticamente cada cuatro años con el nuevo ministro de turno. Hoy, el Poder Judicial afirma que esa deuda histórica finalmente quedó saldada.
«No hay privilegios»: El desmentido sobre las penas
El punto de mayor fricción mediática es el temor ciudadano a que la ley «afloje» los castigos. El Poder Judicial fue categórico en desmentir esta premisa, lanzando un mensaje de tranquilidad a la población en medio de la crisis de seguridad que vive el país.
El Análisis Legal: La institución aclaró que la nueva normativa no flexibiliza las condenas ni inventa privilegios sacados de la manga. Por el contrario, su objetivo es endurecer la seguridad jurídica.
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Se acabó la discrecionalidad: Con la nueva ley, cualquier beneficio carcelario, cambio a un régimen de confianza (como el semi-institucional) o el otorgamiento de libertad condicional, ya no podrá hacerse «a dedo». Requerirá obligatoriamente de una resolución técnica debidamente motivada y estará sujeta a estrictos recursos legales. Es decir, sacar a un reo a la calle antes de tiempo será ahora un proceso vigilado con lupa.
El consenso que choca con el veto
El comunicado judicial también dejó entrever una sutil respuesta a las críticas del Ejecutivo, al recordar públicamente quiénes redactaron este documento.
El proyecto no nació en una burbuja de abogados. El Poder Judicial enfatizó que la redacción fue un trabajo técnico coordinado directamente con el Ministerio de Justicia y Paz (órgano del propio Gobierno), e incluyó a la CCSS, al Conapdis, y fue depurado en mesas de trabajo realizadas en la misma Presidencia de la República. El resultado de ese diálogo fue lo que le valió un dictamen unánime en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.
A pesar de este amplio consenso institucional, el choque de trenes parece inevitable si el presidente de la República decide frenar la ley. Por ahora, los jueces ya pusieron sus cartas sobre la mesa: la ley no es alcahueta, es orden.
