La agenda legislativa vuelve a colocarse en el centro del pulso político. Este jueves 19 de febrero, la presidenta electa y actual ministra de la Presidencia, Laura Fernández, llegará a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para reunirse con los jefes de fracción. El encuentro, solicitado por el Poder Ejecutivo, tendrá una duración aproximada de 30 minutos y busca tender puentes para destrabar varios proyectos estratégicos.
Desde Casa Presidencial, bajo la administración de Rodrigo Chaves, se confirmó que la intención es abrir espacios de diálogo con las distintas bancadas para impulsar iniciativas consideradas prioritarias en materia de infraestructura, transporte, ambiente y desarrollo económico.
Crucitas: minería a cielo abierto vuelve al debate
Uno de los temas más sensibles es el proyecto relacionado con Crucitas. La propuesta oficialista pretende habilitar la minería metálica a cielo abierto mediante una reforma al Código de Minería, estableciendo un sistema de concesiones por medio de subastas públicas.
El plan contempla que el Ministerio de Ambiente y Energía, junto con la Dirección de Geología y Minas, definan el proceso técnico y legal para adjudicar la explotación. El concesionario ganador asumiría no solo la extracción del recurso, sino también el procesamiento, la comercialización, la exportación y el cierre ambiental del proyecto.
El tema ha sido históricamente polémico en el país, tanto por los cuestionamientos ambientales como por el debate sobre la soberanía de los recursos naturales. Ahora, el Ejecutivo apuesta por un modelo regulado que, según su planteamiento, permitiría control estatal y generación de ingresos.
Carretera San José–San Ramón: préstamo en la mesa
Otro eje central de la reunión será el financiamiento para ampliar y modernizar la ruta entre la capital y el occidente del país, una obra largamente esperada por miles de conductores que utilizan el corredor diariamente.
El proyecto contempla un crédito de 600 millones de dólares otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), además de 170 millones provenientes del fondo de la OPEP. El oficialismo busca que la Asamblea apruebe este esquema financiero para iniciar la ejecución de la obra.
La ampliación de esta carretera ha estado marcada por años de retrasos, cambios contractuales y reclamos ciudadanos. Para el Gobierno, contar con respaldo legislativo permitiría acelerar un proyecto que impacta directamente la competitividad y la movilidad del Valle Central y la zona de Occidente.
Tren eléctrico: apuesta millonaria
En paralelo, la propuesta del tren eléctrico también figura en la agenda. Se trata de un plan valorado en 1.400 millones de dólares que contempla cinco líneas entre Paraíso y Ciruelas de Alajuela.
El financiamiento incluye 550 millones del BCIE —de los cuales 250 millones provendrían del Fondo Verde del Clima— y 250 millones negociados con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para un componente específico estimado en 800 millones de dólares.
El tren eléctrico ha sido presentado como una alternativa para reducir presas, emisiones y tiempos de traslado en la Gran Área Metropolitana. No obstante, su alto costo y la estructura de financiamiento internacional han generado dudas en sectores legislativos que exigen mayor claridad técnica y financiera.
Manejo de residuos sólidos: otro punto en discusión
Además de las obras de infraestructura, el Ejecutivo pretende que los diputados avancen en el proyecto para fortalecer la gestión de residuos sólidos. La iniciativa apunta a modernizar el marco regulatorio y promover un manejo más eficiente de desechos, un desafío creciente en cantones con alta densidad poblacional.
Reunión breve, agenda pesada
Aunque el espacio solicitado es de apenas media hora, la agenda es amplia y toca temas de alto impacto económico, ambiental y social. El resultado de este acercamiento podría definir el rumbo de varias iniciativas clave del oficialismo en el actual periodo legislativo.
De momento, la expectativa gira en torno a la disposición de las fracciones para abrir negociación y a los ajustes que eventualmente puedan plantearse para viabilizar estos proyectos en el plenario.
