Una nueva controversia sacude al oficialismo tras las declaraciones de la diputada Pilar Cisneros, quien expresó abiertamente su desacuerdo con el nombramiento de José Miguel Villalobos Herrera como asesor jurídico en el Ministerio de la Presidencia.
La legisladora calificó la situación como una “red de cuido”, en alusión al vínculo familiar entre el funcionario designado y el abogado y diputado electo José Miguel Villalobos Umaña.
Las declaraciones se dieron durante una entrevista en el programa radial Interferencia, de Radios UCR, donde Cisneros dejó clara su posición. “No estoy de acuerdo con la red de cuido. No, de ninguna manera”, afirmó con contundencia.
Para reforzar su argumento, la diputada recurrió a un ejemplo personal. Señaló que tiene un hijo periodista y fotógrafo, y que aunque le habría gustado que trabajara en su despacho o en Casa Presidencial, nunca lo haría. “Sobre mi cadáver”, dijo, subrayando que no respalda ese tipo de decisiones, incluso si se trata de familiares propios.
Ante la consulta directa de los periodistas sobre si sus palabras se referían al hijo de Villalobos, respondió sin titubeos: “Exactamente”.
Debate sobre mérito y percepción pública
Cisneros indicó que se enteró del nombramiento cuando la información se hizo pública. Según relató, consultó sobre el proceso y le explicaron que el funcionario participó en un concurso y resultó ganador. Sin embargo, aclaró que no le consta la forma en que se llevó a cabo ese procedimiento.
Aunque reconoció que podría tratarse de una designación formal y ajustada a derecho, insistió en que no comparte ese tipo de decisiones cuando existe un parentesco directo con figuras políticas de alto perfil.
Además, advirtió que estas situaciones pueden afectar incluso a personas con méritos propios. “Puede haber gente muy buena que se sacrifica porque es hijo de fulano o esposo de sutano. Bueno, hay que sacrificarse, porque eso no debe ser”, manifestó.
Lo que dice Casa Presidencial
Desde Casa Presidencial se confirmó que el nombramiento rige del 9 de julio de 2025 al 7 de mayo de 2026, en una plaza vacante de la Asesoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, clasificada como Profesional del Servicio Civil 1-B.
Según la versión oficial, la designación responde a un proceso formal para llenar una vacante existente y el funcionario cumple con los requisitos establecidos por el régimen de Servicio Civil.
Más allá del caso puntual
El señalamiento de Cisneros reabre el debate sobre la línea que separa el cumplimiento formal de los requisitos legales y la percepción ciudadana en materia de ética pública. Aunque no se ha denunciado ninguna irregularidad administrativa, el cuestionamiento gira en torno a la conveniencia política y al mensaje que se envía en términos de transparencia.
En un contexto donde la confianza en las instituciones es un tema sensible, cualquier nombramiento vinculado a familiares de figuras políticas tiende a generar escrutinio inmediato.
Por ahora, el caso queda en el terreno del debate político y ético. No obstante, las declaraciones de la diputada evidencian que incluso dentro del oficialismo existen posturas firmes respecto a lo que consideran prácticas que deben evitarse, más allá de que estén o no amparadas en la legalidad.
