Un total de 21 personas que adquirieron certificados de cesión —conocidos popularmente como bonos de deuda política— del partido Unidos Podemos no podrán recuperar su inversión mediante la contribución estatal tras las elecciones nacionales de 2026.
La suma supera los ₡90 millones, según información vinculada al financiamiento electoral de la agrupación fundada en 2018 por la exdiputada Natalia Díaz.
¿Qué ocurrió?
Los bonos de deuda política son mecanismos que permiten a los partidos adelantar recursos para financiar su campaña. Funcionan como una especie de préstamo: personas físicas o jurídicas compran certificados que luego pueden cobrarse al Estado si el partido alcanza el porcentaje mínimo de votos requerido por la ley para acceder a la contribución estatal.
En este caso, Unidos Podemos no logró los resultados necesarios en los comicios presidenciales y legislativos de 2026, lo que impide activar ese reembolso con fondos públicos.
En términos prácticos, eso significa que quienes compraron esos certificados no podrán cobrarlos al Estado y dependerán exclusivamente de la capacidad financiera del partido para recuperar su dinero.
De sorpresa municipal a reto nacional
La agrupación dio un golpe sobre la mesa en las elecciones municipales de 2024, cuando consiguió nueve alcaldías y consolidó presencia en distintos cantones. Ese desempeño impulsó sus aspiraciones de crecer a escala nacional para 2026.
Sin embargo, competir en elecciones presidenciales y legislativas implica costos significativamente mayores: logística, pauta publicitaria, movilización territorial y estructura organizativa más amplia.
Ante ese escenario, el partido optó por recurrir a la emisión de certificados de cesión como mecanismo de financiamiento anticipado.
Un riesgo que asumen los compradores
En Costa Rica, adquirir bonos de deuda política no es una inversión garantizada. El reembolso está condicionado al desempeño electoral del partido. Si la agrupación no alcanza el umbral mínimo de votos, el Estado no gira recursos y el inversionista asume el riesgo.
Este modelo ha sido utilizado históricamente por partidos grandes y pequeños. No obstante, cuando los resultados no acompañan, las consecuencias recaen directamente sobre quienes compraron los certificados.
Impacto financiero y político
Más allá del monto involucrado, el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el sistema de financiamiento electoral en el país. Algunos sectores sostienen que los bonos permiten dinamizar la competencia democrática, mientras que otros cuestionan el riesgo que asumen particulares ante resultados inciertos.
En el caso de Unidos Podemos, el reto ahora no es solo político, sino también financiero. La agrupación deberá enfrentar la presión de quienes adquirieron certificados por más de ₡90 millones y que, por ahora, no podrán cobrar esa suma al Estado.
El episodio evidencia que en la política costarricense, como en cualquier otra inversión, el riesgo y el rendimiento suelen ir de la mano.
