«El que peca, paga»: Si usted se pierde y hay que rescatarlo, la factura le saldrá más cara que un viaje a Europa, según el nuevo proyecto que busca frenar el turismo temerario en Costa Rica.
La moda de «colarse» en los senderos prohibidos del Volcán Turrialba o buscar la foto perfecta al borde del cráter del Poás tiene los días contados, o al menos, se volverá un lujo impagable. La Asamblea Legislativa ha dado un paso firme al aprobar en primer debate un proyecto de ley que busca poner orden en las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), estableciendo un régimen de multas que dejará temblando la billetera de más de un turista temerario y de las empresas que lucran con el riesgo ajeno.
Esta iniciativa surge como respuesta a una problemática creciente: el auge de los «tours ilegales» promovidos en redes sociales, donde se vende la ilegalidad como una experiencia VIP, poniendo en peligro la vida de las personas y desgastando los recursos de los cuerpos de socorro.
La Tarifa del Miedo: De ₡1,3 a ₡4,6 Millones
El proyecto no se anda con rodeos. Utilizando como referencia el «salario base» (utilizado para cálculos judiciales), las sanciones económicas son severas y escalonadas.
El Menú de Multas:
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El Turista «Valiente» (Persona Física): Si a usted lo agarran dentro de un sitio no permitido o restringido, la multa será de tres salarios base. Estamos hablando de aproximadamente ₡1,3 millones.
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El Negocio Sucio (Operadores Turísticos): Las agencias o guías piratas que vendan estos tours prohibidos enfrentarán una sanción de siete salarios base, rondando los ₡3,2 millones.
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El Combo de Alto Riesgo: Si un guía ingresa con turistas a zonas clasificadas como de «peligro inminente» (como zonas volcánicas activas), la multa sube a diez salarios base (cerca de ₡4,6 millones) y, ojo al dato, le decomisarán todo el equipo que ande encima.
La «Factura» del Rescate
Uno de los puntos más novedosos y polémicos de la ley es el cobro por salvamento. Históricamente, la Cruz Roja y los Bomberos han absorbido el costo millonario de sacar a personas que se metieron donde no debían. Eso se acabó.
Si su irresponsabilidad deriva en un operativo de búsqueda y rescate, se le sumará una multa adicional de cinco salarios base por cada persona rescatada. Es decir, si usted y dos amigos se pierden en una zona prohibida del Braulio Carrillo, la cuenta no solo incluirá la multa de ingreso, sino el costo operativo de sacarlos de ahí.
Guerra a los «Influencers» de lo ilegal
La ley se actualiza a la era digital. Yeimy Cedeño, jefa de Control y Protección del SINAC, celebra que el texto sancione también la promoción en medios digitales. Aquellos que suban videos o posts invitando a visitar zonas restringidas («spots secretos»), estarán sujetos a la multa de ₡1,3 millones. El mensaje es claro: promover la ilegalidad en Instagram o TikTok ya no saldrá gratis.
¿Y si no pago?
El proyecto blinda el cobro. Si el infractor se hace el «ruso» y no paga en un plazo de 15 días hábiles, la certificación de la multa se convierte en un título ejecutivo. Esto faculta al Estado para iniciar el cobro judicial inmediato y embargar cuentas o bienes.
Destino de los Fondos: El dinero recaudado no irá a una caja chica sin fondo. Se destinará a fortalecer las capacidades de vigilancia del SINAC y, muy importante, a reforzar el presupuesto de la Cruz Roja Costarricense, la entidad que siempre pone el pecho (y los recursos) cuando la aventura sale mal.
Con la aprobación en segundo debate pendiente, es cuestión de semanas para que esta ley sea una realidad en todo el territorio nacional.
