La justicia amplió la prisión preventiva contra un entrenador señalado por aprovechar su rol deportivo para contactar a niños entre 9 y 13 años.
Un juzgado penal de Quepos, en la provincia de Puntarenas, ordenó extender por seis meses la prisión preventiva contra un entrenador de fútbol de apellido Villafuerte, investigado como sospechoso del delito de seducción de persona menor de edad.
La resolución judicial se adoptó tras considerar que existen riesgos procesales, especialmente la posibilidad de influencia sobre las víctimas, así como la necesidad de proteger a los menores involucrados mientras avanza la investigación.
El uso del deporte como mecanismo de manipulación
De acuerdo con la causa penal, el imputado habría aprovechado su posición como entrenador de una escuela de fútbol infantil para contactar a niños con edades entre 9 y 13 años, a quienes presuntamente les solicitaba fotografías de contenido íntimo.
Según la investigación, las solicitudes se habrían dado a cambio de promesas relacionadas con su desempeño deportivo, como asegurarles titularidad en partidos o permitirles elegir el número de camiseta, una práctica que especialistas consideran una forma clara de abuso de poder y manipulación emocional.
Detención e investigación en curso
Villafuerte fue detenido en junio del año anterior, tras una denuncia que activó un proceso de investigación a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entidad especializada en delitos complejos y de alto impacto social.
Las autoridades continúan recopilando prueba digital, testimonios y peritajes psicológicos, elementos clave para determinar el alcance de los hechos y la eventual responsabilidad penal del imputado.
Contexto y alerta social
El caso ha generado profunda preocupación en la comunidad, especialmente entre padres de familia y organizaciones ligadas al deporte infantil. Expertos en protección de la niñez advierten que los espacios deportivos, cuando no cuentan con controles adecuados, pueden convertirse en entornos vulnerables para este tipo de delitos.
Desde el ámbito judicial, la ampliación de la prisión preventiva busca garantizar el debido proceso, evitar la revictimización y enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero frente a delitos sexuales contra menores.
Lo que sigue en el proceso
Durante los próximos seis meses, el Ministerio Público deberá fortalecer la acusación, definir si existen más víctimas y valorar la eventual presentación de una acusación formal que lleve el caso a juicio.
Mientras tanto, el imputado permanecerá privado de libertad, a la espera de que el expediente avance hacia una resolución judicial definitiva.
