Un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW) encendió las alarmas sobre el estado de la democracia y los derechos humanos en América Latina, al advertir que las políticas impulsadas por el expresidente estadounidense Donald Trump han contribuido a profundizar prácticas abusivas y a debilitar instituciones en varios países de la región.
El estudio, presentado esta semana en Ciudad de México, sostiene que el retorno de Trump al poder en Estados Unidos envió una señal política que fue aprovechada por distintos gobiernos latinoamericanos para endurecer sus políticas de seguridad y migración, muchas veces al margen de los estándares internacionales de derechos humanos.
Según HRW, a los patrones históricos de represión documentados durante décadas en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, se suman ahora acciones del propio gobierno estadounidense que tienen efectos directos más allá de sus fronteras. Entre ellas, la organización denuncia la muerte extrajudicial de al menos 120 personas latinoamericanas en operativos de la Marina de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, presuntamente vinculados a la lucha contra el narcotráfico y realizados sin procesos judiciales previos.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, explicó que estos operativos formaron parte de un despliegue militar más amplio en la región, una estrategia que, según el informe, derivó posteriormente en acciones como el operativo del 3 de enero para capturar al presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro.
El documento también pone el foco en la política migratoria de Washington y sus efectos colaterales en terceros países. HRW cuestiona que Estados Unidos haya trasladado personas deportadas a naciones como El Salvador, Panamá y Costa Rica, donde habrían sido retenidas sin un marco legal claro. Para la organización, este tipo de acuerdos erosiona garantías básicas y expone a los migrantes a situaciones de alto riesgo.
En el caso de El Salvador, el informe dedica un apartado específico al gobierno de Nayib Bukele. HRW afirma que 252 ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel inaugurada en 2023. Según la documentación recopilada por la ONG, estas personas habrían sido sometidas a torturas sistemáticas, en un contexto marcado por detenciones masivas y la suspensión de garantías procesales.
Goebertus fue especialmente crítica con países que históricamente han proyectado una imagen de respeto a los derechos humanos. “Resulta preocupante que Estados con una tradición democrática, como Panamá y Costa Rica, acepten retener personas deportadas sin una base jurídica sólida”, señaló. A su juicio, la influencia del gobierno estadounidense en este ámbito ha sido “claramente negativa” para la región.
El informe también subraya el impacto del recorte de fondos a la cooperación internacional, en particular a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). HRW califica este debilitamiento como “extremadamente grave”, al considerar que dejó sin respaldo a organizaciones y programas clave para la defensa de derechos humanos en América Latina.
Ese vacío, según el documento, facilitó que gobiernos como los de Ecuador y Perú impulsaran leyes para cerrar arbitrariamente organizaciones sociales, replicando esquemas ya implementados en El Salvador. En paralelo, la adopción de políticas de “mano dura” se tradujo, en varios países, en un aumento de denuncias por torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
El caso ecuatoriano es señalado como uno de los más preocupantes: 2025 cerró con una tasa histórica de homicidios —52 por cada 100.000 habitantes— junto con acusaciones graves contra fuerzas de seguridad. En México, HRW advierte sobre el deterioro del equilibrio entre poderes tras la reforma que introdujo la elección popular de jueces, una medida que, según analistas citados en el informe, expone al sistema judicial a presiones políticas.
Aunque el documento reconoce avances sociales puntuales, como la reducción de la pobreza en México, la conclusión es contundente: los logros económicos no compensan la pérdida de garantías fundamentales. “Mejorar la alimentación no sustituye vivir con justicia”, resume HRW.
El informe deja un mensaje claro para la región, incluida Costa Rica: las decisiones de las grandes potencias no son neutras y pueden acelerar retrocesos democráticos cuando encuentran gobiernos dispuestos a sacrificar derechos en nombre de la seguridad o el control migratorio.
