Un comunicado difundido en redes sociales por Silvia Aymerich añadió un nuevo capítulo al reconocimiento legal de la hija menor del presidente Rodrigo Chaves Robles, trámite que quedó formalizado esta semana ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
En el texto, Aymerich afirma que decidió hacer pública la existencia de su hija tras años de silencio que, según expone, no fue casual ni estrictamente personal. De acuerdo con su versión, la menor fue excluida deliberadamente del ámbito público durante casi cuatro años porque su presencia no encajaba con la imagen política que se pretendía proyectar ante el país.
La madre sostiene que el presidente nunca había reconocido legalmente a la niña ni le había otorgado su apellido, ni asumido públicamente su paternidad, pese a que —según recalca— la hija “siempre ha existido”. En su mensaje, señala que esa omisión respondió a cálculos políticos, a la protección de alianzas y a la construcción de una narrativa pública basada en valores familiares que, en la práctica, no se reflejaron en este caso.
Aymerich subraya que la situación trasciende lo privado y la define como una decisión política con implicaciones éticas. En su comunicado cuestiona la coherencia entre el discurso público sobre valores, familia y responsabilidad personal, y la falta de reconocimiento de la menor durante años.
“El ocultamiento no fue por estrategia ni revancha, sino por dignidad”, indica la madre, quien argumenta que ninguna aspiración de poder, proyecto ideológico o discurso puede justificar la negación de un vínculo que, según afirma, existe más allá de lo legal.
El pronunciamiento se dio en un contexto de alta exposición pública, luego de que la publicación original se viralizara en redes sociales y provocara reacciones tanto a favor como en contra. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Elecciones confirmó que el reconocimiento legal fue realizado, dejando oficialmente inscrita a la niña como hija del mandatario.
La menor nació en febrero de 2023, cuando el actual gobierno ya estaba en funciones. El caso ha abierto nuevamente un debate nacional sobre los límites entre la vida privada de las figuras públicas, la coherencia del discurso político y el impacto de estas decisiones en el plano ético y social.
