En medio de un escenario político marcado por la polarización de los últimos años, la presidenta electa Laura Fernández envió una señal clara sobre el tono que pretende imprimirle a su administración: menos confrontación y más acuerdos.
Tras una campaña intensa y un resultado electoral que le dio un respaldo amplio en las urnas, la próxima mandataria planteó la necesidad de abrir una etapa de concertación nacional. Su llamado estuvo dirigido especialmente a los partidos que no resultaron victoriosos, a quienes pidió pasar la página electoral y enfocarse en prioridades país.
El mensaje no es menor en un sistema democrático como el costarricense, donde la gobernabilidad suele depender de la capacidad de tejer alianzas en la Asamblea Legislativa y de sostener canales de diálogo con diversos sectores sociales y productivos. Aunque el oficialismo contará con un peso importante en el Congreso, la experiencia reciente demuestra que las mayorías numéricas no siempre garantizan consensos políticos duraderos.
Fernández insistió en que su gestión buscará respetar el mandato ciudadano expresado en las urnas, pero también incorporar voces distintas. En su visión, la etapa que viene exige poner por delante los intereses nacionales sobre las diferencias ideológicas.
Analistas políticos coinciden en que este tipo de mensajes suelen tener un doble propósito: enviar tranquilidad a los mercados y actores institucionales, y al mismo tiempo tender puentes con sectores que podrían convertirse en aliados legislativos en proyectos clave. Costa Rica enfrenta retos fiscales, presiones sobre los servicios públicos y demandas ciudadanas en seguridad, empleo y costo de vida, temas que difícilmente se resuelven sin acuerdos amplios.
El llamado a “bajar las banderas partidarias” también conecta con un sentimiento presente en parte del electorado, cansado de la confrontación política permanente. Sin embargo, traducir ese discurso en práctica será uno de los principales desafíos del nuevo gobierno. La historia política reciente del país muestra que el diálogo es una aspiración frecuente, pero su ejecución requiere concesiones reales de todos los actores.
Otro elemento relevante es la referencia a una nueva etapa para la República, una idea que apunta a reformas y transformaciones de fondo. Ese planteamiento genera expectativas, pero también abre preguntas sobre el alcance de los cambios que se impulsarán y el nivel de apoyo que lograrán fuera del oficialismo.
Por ahora, el mensaje de la presidenta electa marca una ruta: intentar gobernar con apertura y construir legitimidad más allá de su base electoral. Si ese tono se mantiene en la práctica política diaria, podría contribuir a bajar la temperatura del debate nacional. Si no, quedará como una declaración bien recibida en el arranque, pero difícil de sostener en la dinámica real del poder.
El verdadero termómetro será la agenda de los primeros meses de gobierno, cuando las palabras deban convertirse en decisiones concretas y en capacidad de negociación. Allí se verá si la concertación nacional pasa de ser un ideal de discurso a una herramienta efectiva de gobernabilidad.
