En medio del cierre de la campaña electoral, el debate político volvió a intensificarse tras las declaraciones del candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, quien lanzó duras críticas contra la aspirante del oficialismo, Laura Fernández, por su manejo de una controversia que ha generado rechazo en amplios sectores del país.
Ramos cuestionó que Fernández no haya solicitado de forma explícita la renuncia de José Miguel Villalobos, abogado y aspirante a diputado del Partido Pueblo Soberano, luego de que este minimizara públicamente una violación sexual cometida contra una persona menor de edad, pese a existir una condena firme de los tribunales.
Desde la óptica del candidato liberacionista, la omisión de una reacción contundente evidencia una debilidad en el liderazgo de la aspirante presidencial. A su criterio, en un contexto marcado por la violencia, el narcotráfico y la pérdida de confianza ciudadana, las figuras que buscan gobernar deben fijar posiciones claras y sin ambigüedades frente a temas sensibles que afectan directamente a la sociedad costarricense.
Ramos subrayó que ejercer la defensa legal de personas acusadas o condenadas es una actividad permitida dentro del Estado de derecho; sin embargo, recalcó que otra cosa muy distinta es aspirar a representar políticamente al país mientras se justifican o relativizan delitos de esta naturaleza. En ese sentido, instó a la ciudadanía a reflexionar sobre el perfil ético de quienes pretenden ocupar cargos de elección popular.
La controversia se originó a raíz de un video que circuló en redes sociales, en el cual Villalobos insistió en la inocencia de un pastor evangélico condenado por abusos sexuales cometidos cuando la víctima tenía 14 años. En sus declaraciones, el candidato a diputado intentó establecer una diferencia entre “menor” y “niña”, argumento que ha sido ampliamente cuestionado por especialistas y organizaciones sociales, dado que la legislación costarricense es clara en cuanto a la protección reforzada de todas las personas menores de 18 años.
El caso provocó una ola de reacciones en distintos sectores. Varias organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, como World Vision, la Fundación Paniamor y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, manifestaron su preocupación por el mensaje que se transmite cuando se minimiza la gravedad de la violencia sexual.
También se sumaron pronunciamientos de instancias académicas y profesionales, entre ellas el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica y el Instituto de Investigaciones Psicológicas UCR, que advirtieron sobre el impacto social y cultural de este tipo de discursos, especialmente en un momento electoral.
En la arena política, el señalamiento de Ramos reavivó el intercambio de cuestionamientos entre candidaturas, dejando el tema del liderazgo, la coherencia ética y la responsabilidad pública en el centro de la discusión, a pocas horas de que el electorado costarricense acuda a las urnas.
