La reciente liberación de decenas de ciudadanos en Nicaragua no marca el fin del problema, sino una nueva etapa de un patrón que se repite con frecuencia en el país vecino: detenciones rápidas, excarcelaciones condicionadas y un mensaje claro de control político.
En los últimos días, el régimen de Daniel Ortega permitió que alrededor de 60 personas regresaran a sus casas tras haber sido arrestadas por interactuar en redes sociales con publicaciones relacionadas con la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro. Así lo confirmó el Monitoreo Azul y Blanco, una organización que documenta arrestos por razones políticas en Nicaragua.
Aunque las autoridades no emitieron un comunicado oficial detallando las razones de las liberaciones, familiares y redes de apoyo reportaron que los excarcelados quedaron bajo un régimen de “libertad condicionada”. Esto implica restricciones para salir de sus ciudades y la obligación de presentarse de forma periódica ante la Policía Nacional, una práctica habitual en casos de persecución política.
Las detenciones se produjeron tras un hecho de alto impacto regional: la captura de Maduro el pasado 3 de enero en una operación encabezada por Estados Unidos, que derivó en su salida del poder y en la designación provisional de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela. El acontecimiento sacudió el tablero político latinoamericano y tuvo un eco inmediato en Nicaragua, uno de los principales aliados del chavismo.
Según denuncias de organismos de derechos humanos, el simple hecho de comentar, compartir o dar “me gusta” a contenidos relacionados con ese suceso bastó para que decenas de nicaragüenses fueran detenidos en operativos selectivos. En un primer momento, al menos 49 personas permanecieron encarceladas y fueron consideradas presas políticas.
Para analistas y defensores de derechos humanos, la respuesta del régimen responde a una lógica conocida: enviar una señal de advertencia a la población sobre los límites de la expresión, incluso en el ámbito digital. “No se trata solo de castigar, sino de generar miedo”, han señalado voceros de organizaciones civiles que siguen de cerca la situación en Nicaragua.
La presión internacional también jugó un papel clave. El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó públicamente las detenciones y exigió la liberación incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos. Washington calificó estas prácticas como una muestra del carácter represivo del gobierno de Ortega y Rosario Murillo, y pidió el cese de las medidas restrictivas.
No es la primera vez que el régimen recurre a excarcelaciones parciales tras críticas externas. A inicios de enero, otras 24 personas fueron liberadas bajo el argumento oficial de “convivencia familiar”, una fórmula que defensores interpretan como gestos calculados para aliviar tensiones diplomáticas sin desmontar el aparato de represión.
De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta finales de 2025 se contabilizaban al menos 62 personas encarceladas por razones políticas en Nicaragua. Sin embargo, las organizaciones advierten que la cifra real podría ser mayor, ya que muchas familias optan por el silencio por temor a represalias.
Desde Costa Rica, país que ha recibido a miles de exiliados nicaragüenses en los últimos años, el caso vuelve a encender las alertas sobre la fragilidad de las libertades fundamentales en la región. Más allá de las excarcelaciones, el mensaje que queda es inquietante: en Nicaragua, incluso una reacción en redes sociales puede convertirse en motivo de persecución, y la libertad, cuando llega, suele venir acompañada de vigilancia y control.
