Un nuevo ángulo se suma al caso que investiga la justicia costarricense por el embarazo de una niña de 11 años: meses antes de que se confirmara la gestación, el centro educativo donde estudiaba la menor la refirió al sistema de salud por un supuesto problema de obesidad.
La información fue confirmada por el Ministerio de Educación Pública, al medio Crhoy.com, que detalló que en diciembre pasado la escuela realizó una referencia a la Caja Costarricense de Seguro Social debido a un aumento de peso que consideraron preocupante. Para ese momento, de acuerdo con las estimaciones médicas posteriores, la menor ya cursaba cerca de cuatro meses de embarazo.
El dato ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de detección temprana en centros educativos, especialmente tratándose de una estudiante de primaria, en una etapa de desarrollo donde cambios físicos abruptos suelen encender alertas adicionales.
El caso tomó mayor relevancia pública luego de que el Ministerio Público ordenara durante el fin de semana la detención de un hombre de apellidos Padilla Granados, sospechoso del delito de violación calificada. Según la investigación, el imputado sería el padrastro de la niña.
Tras su aprehensión, el sospechoso fue presentado ante el Juzgado Penal, donde la Fiscalía solicitó prisión preventiva. No obstante, el juzgado rechazó esa medida y estableció condiciones alternas, como la prohibición de acercarse o comunicarse con la menor, no ingresar al barrio donde ella reside y mantener domicilio y trabajo fijos.
Ante esa resolución, la Fiscalía Adjunta de Pococí presentó una apelación y ahora espera que el Tribunal Penal convoque a una nueva audiencia para insistir en la prisión preventiva.
El expediente permanece bajo el trámite de la Unidad de Género de la Fiscalía de Pococí, mientras continúan activos los protocolos de protección a favor de la menor.
La situación salió a la luz cuando la niña fue llevada la semana anterior al Hospital de Guápiles, donde el personal médico confirmó que tenía un embarazo de aproximadamente seis meses. A partir de ese momento, se activaron las coordinaciones interinstitucionales y las diligencias judiciales correspondientes.
Según la versión oficial que manejan las autoridades, el principal sospechoso sería el padrastro de la menor, con una presunta participación o conocimiento de la madre, aspecto que también forma parte de la investigación en curso.
