La popularidad del presidente Rodrigo Chaves volvió a quedar en el centro de la polémica política, esta vez no por encuestas, sino por la sospecha de un respaldo artificial en redes sociales.
El diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), lanzó fuertes cuestionamientos al apoyo que asegura tener el mandatario y afirmó que gran parte de esa presencia digital no sería auténtica.
Según el legislador, la imagen de respaldo ciudadano que rodea al presidente no refleja la realidad, sino que estaría inflada por lo que él describe como “un millón de troles”, perfiles falsos que, a su juicio, distorsionan la percepción pública y generan una sensación de apoyo masivo que no existiría fuera del entorno digital.
Estas declaraciones se dieron en el marco de la presentación de un proyecto de ley que busca castigar penalmente la coordinación de campañas de desinformación en redes sociales, una iniciativa que propone penas de cárcel de hasta 12 años y que ya empieza a generar debate político y jurídico.
“Yo lo que creo es que hay un millón de perfiles falsos en Costa Rica”, afirmó Campos al defender la propuesta, que apunta directamente contra las llamadas granjas de troles, estructuras digitales que —según sostiene— se utilizan para manipular la opinión pública y fabricar tendencias ficticias.
Para el diputado, este fenómeno va más allá de una discusión tecnológica. “La manipulación de la opinión pública es un atentado en contra de la estabilidad del régimen democrático”, señaló en declaraciones brindadas a Central Noticias, al advertir que estas prácticas engañan a la ciudadanía y afectan directamente el clima democrático del país.
Campos citó además estudios realizados por Naciones Unidas en conjunto con la Universidad Latina, los cuales habrían detectado un incremento significativo de discursos de odio en Costa Rica, asociados a estrategias digitales pagadas para polarizar y silenciar la discusión pública. “Las granjas de troles meten odio en la comunicación digital y eso afecta el clima de paz del país; la gente ya no opina”, sostuvo.
El proyecto, tramitado bajo el expediente 25.379, establece penas de prisión de entre 4 y 8 años para quienes creen, financien, coordinen o participen en campañas digitales basadas en cuentas falsas, difusión de desinformación o ataques a la reputación de personas.
Las sanciones se agravarían de 6 a 12 años de cárcel cuando estas conductas sean cometidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos.
Campos defendió el enfoque penal de la iniciativa al considerar que se trata de una amenaza inédita para la democracia costarricense. “El mundo cambió, ahora las amenazas ya no son físicas, son digitales”, afirmó, y puso como ejemplo los mensajes de apoyo al presidente provenientes de cuentas extranjeras. “Basta con meterse a la página de Presidencia para ver troles de Vietnam aplaudiéndole al presidente, incluso en vietnamita”, agregó.
El diputado también dejó entrever que, de aprobarse esta ley, el respaldo digital del mandatario podría cambiar drásticamente, al eliminarse las estructuras artificiales que —según él— inflan su popularidad en redes sociales.
