Recursos ya aprobados por el Congreso no llegaron a OIJ ni Fiscalía pese al aumento de la violencia
El Ministerio de Hacienda prohibió la transferencia de ₡8.688 millones que estaban destinados a fortalecer al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público, recursos considerados clave para enfrentar el avance del crimen organizado y la creciente ola de homicidios que golpea al país.
Los fondos ya habían sido presupuestados y aprobados por la Asamblea Legislativa para el primer trimestre de 2026 y tenían como objetivo principal la creación de nuevas plazas, el pago de alquileres operativos y la adquisición de equipo de transporte para ambas instituciones.
Recursos bloqueados pese a estar aprobados
La decisión fue adoptada el 19 de diciembre, cuando el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, ordenó a la Dirección General de Presupuesto Nacional bloquear el giro correspondiente, al considerar “imprudente” ejecutar esa inversión en seguridad bajo las actuales condiciones fiscales.
Según un oficio remitido al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hacienda argumentó que los recursos destinados al Poder Judicial provenían de rebajas aplicadas a partidas para el pago de intereses de la deuda pública, razón por la cual no fueron programados para su ejecución.
Impacto directo en la capacidad operativa
El bloqueo afecta de manera inmediata la contratación de 176 plazas nuevas para la policía judicial y 99 plazas adicionales para la Fiscalía, así como gastos indispensables para el funcionamiento diario de ambas instituciones.
Desde el Poder Judicial se advirtió que la medida tiene consecuencias graves. En una carta enviada al jerarca de Hacienda, el presidente de la Corte señaló que la decisión golpea de forma directa los planes de combate al narcotráfico, la criminalidad organizada y la violencia que afecta a la ciudadanía.
Un patrón que se repite
No es la primera vez que ocurre. Durante todo el año 2025, el Ejecutivo se negó a trasladar recursos previamente aprobados para reforzar al OIJ y al Ministerio Público. Ante esa situación, el Congreso decidió reincorporar los fondos en el presupuesto de 2026, precisamente para atender el déficit de personal, infraestructura y equipo.
La falta de recursos humanos ha tenido efectos concretos: retraso en investigaciones, saturación de fiscalías y riesgo de cierre técnico de algunos despachos, especialmente en casos de corrupción, narcotráfico, crimen organizado y violencia de género.
Contradicciones en el discurso oficial
La decisión de Hacienda genera cuestionamientos adicionales debido a que, en los últimos días, el propio Gobierno ha presionado públicamente a la Fiscalía para que agilice investigaciones relacionadas con supuestas amenazas contra el presidente de la República, pese a que el Ejecutivo se niega a transferir los fondos necesarios para fortalecer el aparato judicial.
El mandatario incluso criticó la supuesta lentitud del Poder Judicial, ignorando que las instituciones encargadas de investigar operan bajo una alta saturación de casos y con recursos limitados.
Seguridad debilitada en el momento más crítico
Costa Rica atraviesa uno de los periodos más violentos de su historia reciente, con más de 3.000 homicidios acumulados durante la actual administración, una penetración creciente del narcotráfico y un aumento sostenido del crimen organizado.
En ese contexto, la decisión de no girar fondos ya aprobados para seguridad plantea serias dudas sobre la coherencia de la estrategia gubernamental y deja al OIJ y al Ministerio Público con menos herramientas para enfrentar una crisis que sigue cobrando vidas.
El tema sigue generando tensiones entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, mientras la ciudadanía observa cómo los recursos para combatir el crimen permanecen detenidos en medio de una emergencia nacional.
