La cooperación policial internacional volvió a colocar a Costa Rica en el foco regional, luego de que las autoridades de Colombia confirmaran la detención en Bogotá de un ciudadano costarricense vinculado a una de las investigaciones por fraude más relevantes que ha enfrentado el país en la última década.
Se trata de Rubén Antonio Wang Lara, señalado por las autoridades judiciales como el presunto articulador principal de un esquema de estafa millonaria en perjuicio del Instituto Nacional de Seguros, caso que se investiga desde el año 2017 y que involucra el uso irregular de seguros de caución.
La captura fue confirmada este 15 de enero por el director general de la Policía Nacional de Colombia, general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien informó que la detención se logró gracias a un operativo coordinado con organismos internacionales como Interpol, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y Migración Colombia.
Según explicó el jerarca policial en un mensaje público, el costarricense no figuraba como un delincuente común, sino como una persona con control sobre sociedades utilizadas para montar estructuras financieras que, en apariencia, trasladaban riesgos privados al Estado costarricense mediante la figura del seguro de caución.
Un caso que se arrastra desde hace casi una década
El expediente judicial que dio origen a esta causa se abrió tras una denuncia presentada por el INS en 2017, cuando la institución detectó movimientos atípicos relacionados con la emisión de seguros de caución entre los años 2011 y 2014. Estos instrumentos financieros están diseñados para garantizar el cumplimiento de contratos, principalmente con entidades públicas, y no para respaldar inversiones privadas.
De acuerdo con la investigación, el mecanismo fue desvirtuado para atraer capital privado bajo el argumento de que las inversiones estaban “respaldadas” por el INS. En realidad, se trataba de contratos entre particulares que no cumplían con los requisitos legales para contar con ese tipo de garantía.
Cómo funcionaba la presunta estafa
La Fiscalía y la aseguradora estatal identificaron una dinámica estructurada en varias etapas. En una primera fase, una mujer de apellidos Lara González y sus dos hijos, ambos de apellidos Wang Lara, habrían logrado que se emitieran al menos 70 seguros de caución para respaldar contratos privados.
Posteriormente, esos documentos eran utilizados para ofrecer rendimientos mensuales atractivos a inversionistas, a quienes se les hacía creer que, en caso de incumplimiento, el INS respondería por el capital invertido. Cuando los pagos se detuvieron, los inversionistas acudieron a la institución estatal para ejecutar las garantías.
Fue en ese punto cuando el INS rechazó los reclamos, al considerar que se trataba de relaciones contractuales privadas, y elevó la denuncia penal al detectar posibles irregularidades internas en la tramitación de los seguros.
Un elemento clave señalado en la denuncia es que los 70 bonos habrían sido gestionados por un solo funcionario, de apellidos Jiménez González, quien presuntamente omitió los estudios financieros básicos para evaluar la capacidad de pago de los fiados.
Impacto económico y consecuencias institucionales
En su momento, el INS estimó que el perjuicio económico total podría rondar los 21 millones de dólares, correspondientes a decenas de reclamos, aunque la Fiscalía logró confirmar inicialmente una afectación directa cercana a los 6 millones de dólares.
Como consecuencia directa de este caso y tras un criterio de la Procuraduría General de la República, el INS dejó de comercializar el Seguro de Caución a partir de enero de 2015, al determinarse que las aseguradoras no están legalmente facultadas para emitir este tipo de fianzas.
La detención de Wang Lara en Colombia representa un avance clave dentro de un proceso judicial que ha marcado un antes y un después en los controles internos de la aseguradora estatal y en la forma en que el país regula los instrumentos financieros vinculados a contratos y garantías.
