Un informe de la Contraloría revela atrasos masivos, fallas de cobro y riesgos reales para los comedores estudiantiles
Una auditoría de la Contraloría General de la República encendió las alertas sobre la situación financiera del Ministerio de Educación Pública (MEP), al confirmar que la cartera educativa mantiene una deuda cercana a los ¢16.000 millones con el Consejo Nacional de Producción (CNP).
El hallazgo tiene implicaciones directas sobre el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), responsable de suministrar alimentos a comedores escolares y a otras entidades públicas, en un contexto donde la continuidad del servicio depende de la liquidez del Consejo.
Una deuda concentrada y mayoritariamente vencida
El informe, que analiza el periodo entre enero de 2023 y octubre de 2025, identifica al MEP como el principal cliente del PAI. Según la Dirección Regional Central del CNP, al cierre de octubre de 2025 la deuda rondaba los ¢16.000 millones, con un 96% en condición de morosidad.
La Contraloría precisó que este monto no incorpora las deudas correspondientes a otras cinco direcciones regionales del Consejo, lo que sugiere que la exposición real podría ser aún mayor.
Alimentos entregados… pero no facturados
La auditoría agrega un elemento crítico: el CNP reportó ¢1.027 millones en alimentos ya entregados al MEP que no habían sido facturados. Al no existir facturación, esos montos no figuran como cuentas por cobrar, lo que impide su recuperación y distorsiona el panorama financiero del programa.
Este vacío administrativo agrava la presión sobre el PAI y limita la capacidad del Consejo para planificar compras, pagos a proveedores y continuidad operativa.
Falencias estructurales en la gestión de cobro
Más allá de la deuda, el órgano contralor señaló deficiencias sistémicas en la gestión de cuentas por cobrar del CNP. Entre los principales hallazgos destacan:
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Falta de información completa y actualizada de la cartera del PAI, incluida la del MEP.
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Imposibilidad de entregar a la Contraloría el detalle íntegro de cuentas por cobrar de 2023, 2024 y 2025.
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Dependencia de reportes especiales del proveedor tecnológico, con costos adicionales para la institución.
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Incumplimiento de procedimientos internos: ausencia de estados de cuenta mensuales, avisos de cobro fuera de plazo y sin análisis periódico de antigüedad de deuda.
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Inexistencia de estimaciones por incobrables, incluso para saldos de difícil recuperación.
Riesgo directo para comedores y estudiantes
La Contraloría fue clara al advertir que la morosidad del MEP afecta la sostenibilidad del PAI y que, de persistir, podría comprometer la continuidad del abastecimiento de alimentos en centros educativos.
El antecedente es reciente y sensible: meses atrás, la Sala Constitucional concluyó que la falta de fiscalización del MEP contribuyó a que la Escuela El Progreso, en Barranca de Puntarenas, enfrentara un riesgo real en su comedor escolar, del cual dependen 399 estudiantes. El tribunal declaró con lugar un recurso de amparo por vulneración de los derechos a la alimentación y a la educación.
Silencio institucional
Este medio solicitó la posición oficial del MEP sobre el estado de la deuda y las acciones correctivas, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.
El informe de la Contraloría coloca el tema en el centro del debate público: no se trata solo de números, sino de la garantía efectiva de la alimentación estudiantil y de la capacidad del Estado para sostener programas esenciales en educación y bienestar social.
