Una adjudicación irregular en 2005 terminó en condena por peculado y una millonaria pérdida para el Estado
El Poder Judicial dictó una contundente sentencia contra el jefe del Departamento de Proveeduría de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y un empresario privado, tras comprobarse un esquema irregular que provocó un fuerte perjuicio económico al Estado.
La información fue confirmada por el Ministerio Público mediante un comunicado oficial, en el que se detallan los alcances de la condena y los hechos que sustentaron la acusación.
Ocho años de prisión e inhabilitación
El Tribunal condenó a Félix Pecou Johnson, entonces jefe de Proveeduría de Japdeva, y a Javier Fonseca Castañeda, empresario, a ocho años de prisión por dos delitos de peculado.
Además de la pena de cárcel, ambos fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante cinco años, una sanción que busca evitar que vuelvan a ocupar puestos con manejo de recursos estatales.
El origen del caso: una adjudicación cuestionada
La investigación se remonta al año 2005, cuando Japdeva inició un procedimiento para la nacionalización de dos embarcaciones. Desde la Proveeduría se invitó a cinco empresas para realizar el trámite, sin embargo, el proceso terminó con una adjudicación que, según el fallo, incumplía criterios legales y técnicos.
El contrato fue otorgado a Fonseca, pese a que no estaba habilitado para ejercer como agente aduanero y a que su oferta no era la más favorable para la institución, según los parámetros técnicos establecidos.
Fondos públicos y documentación falsa
De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en julio de 2005 se adjudicó al empresario un monto total de ₡168.712.580,14 provenientes de fondos públicos, destinados al pago de impuestos y cargas tributarias.
No obstante, la investigación determinó que los imputados, mediante engaño y con la participación de un tercer involucrado ya fallecido —quien sí contaba con autorización como agente aduanero—, insertaron información falsa en las Declaraciones Únicas Aduaneras (DUA).
Gracias a estas maniobras, el monto efectivamente pagado fue de aproximadamente ₡89 millones, muy por debajo de lo que correspondía legalmente.
Millonario beneficio indebido
La manipulación del trámite permitió a los responsables obtener un beneficio económico indebido superior a ₡76 millones, dinero que nunca fue justificado ni devuelto a Japdeva.
Según el Ministerio Público, los pagos se realizaron sin respaldo documental válido que acreditara la legalidad del procedimiento, lo que agravó la responsabilidad del funcionario público involucrado.
El perjuicio para el Estado
Las autoridades estiman que el daño económico total provocado por este caso ronda los ₡115 millones, una cifra significativa que evidencia debilidades históricas en los controles internos de contratación pública.
El fallo marca un precedente relevante en la lucha contra la corrupción en instituciones autónomas y refuerza el mensaje de que, aunque los hechos se remonten a años atrás, los delitos contra la Hacienda Pública no quedan impunes.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y transparencia en la gestión de recursos públicos, especialmente en entidades estratégicas para el desarrollo regional del país.
