El gobierno del presidente Donald Trump se prepara para intensificar una de las medidas más controversiales de su agenda migratoria: la desnaturalización de ciudadanos estadounidenses que obtuvieron su nacionalidad por medio de la naturalización. Nuevas directrices internas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) revelan que la administración busca aumentar de forma significativa los casos en los que se solicita retirar la ciudadanía ya concedida.
De acuerdo con el documento, las oficinas locales del USCIS deberán remitir entre 100 y 200 casos de posible desnaturalización cada mes durante el año fiscal 2026, una cifra que representaría un salto sin precedentes en la historia reciente del país.
Una medida poco frecuente que podría multiplicarse
Expertos en migración señalan que, históricamente, los procesos de desnaturalización han sido excepcionales debido a su complejidad legal. Entre 2017 y 2025, el Departamento de Justicia presentó poco más de 120 casos en total, lo que contrasta fuertemente con la nueva meta planteada por la administración Trump.
La ley federal estadounidense establece que una persona solo puede ser despojada de su ciudadanía si se demuestra que incurrió en fraude o tergiversación relevante durante el proceso de naturalización, o en circunstancias muy específicas contempladas por la normativa.
El argumento oficial: combatir el fraude migratorio
Desde el USCIS, el discurso oficial apunta a la “integridad del sistema migratorio”. Matthew J. Tragesser, portavoz de la agencia, aseguró que se dará prioridad a quienes hayan obtenido la ciudadanía de manera ilegal, particularmente bajo administraciones anteriores.
Según el funcionario, el objetivo es iniciar procesos contra personas que mintieron u ocultaron información clave durante su solicitud, en coordinación con el Departamento de Justicia, al que corresponde llevar los casos ante tribunales federales.
Preocupación entre exfuncionarios y organizaciones civiles
La magnitud de las metas establecidas ha generado inquietud entre exfuncionarios del propio USCIS y defensores de derechos civiles. Algunos advierten que imponer cuotas mensuales podría politizar un mecanismo legal que históricamente se ha aplicado con extrema cautela.
Sarah Pierce, exfuncionaria del organismo migratorio, advirtió que convertir la desnaturalización en una práctica rutinaria podría sembrar temor entre millones de ciudadanos naturalizados que viven y trabajan legalmente en Estados Unidos.
Apoyo desde sectores que impulsan una línea dura
Desde sectores que promueven políticas migratorias más restrictivas, la medida ha sido bien recibida. Mark Krikorian, director del Centro de Estudios sobre Inmigración, afirmó que el país aún está lejos de aplicar este tipo de sanciones de manera excesiva y que es necesario corregir casos en los que la ciudadanía fue otorgada indebidamente.
Millones de ciudadanos bajo una nueva lupa
En Estados Unidos viven cerca de 26 millones de ciudadanos naturalizados, según datos oficiales del Censo. Solo el año pasado, más de 800.000 personas adquirieron la ciudadanía, en su mayoría originarias de México, India, Filipinas, República Dominicana y Vietnam.
En caso de perder la ciudadanía, la mayoría de las personas afectadas retorna a la condición de residente permanente legal, aunque el impacto personal, familiar y legal puede ser significativo.
Un proceso legal complejo, pero con fuerte carga simbólica
Aunque el proceso de desnaturalización exige pruebas contundentes y la intervención de un juez federal, especialistas advierten que el mensaje político de la directriz podría generar un clima de incertidumbre.
“La ciudadanía es uno de los derechos más fundamentales en una democracia”, han señalado expertos, quienes cuestionan si los recursos del Estado deberían destinarse a revisar expedientes antiguos en lugar de agilizar los trámites migratorios actuales.
Un precedente que vuelve a tomar fuerza
Trump ya había impulsado este tipo de acciones durante su primer mandato, cuando varios casos de alto perfil terminaron con la revocatoria de la ciudadanía por irregularidades comprobadas en el proceso de ingreso al país.
Ahora, con nuevas directrices y objetivos más ambiciosos, la desnaturalización vuelve a ocupar un lugar central en la política migratoria estadounidense, reabriendo el debate sobre hasta dónde puede llegar el poder del Estado frente a ciudadanos que ya juraron lealtad a la nación.
