Informe administrativo apunta a posibles faltas graves mientras enfrenta causas penales.
La Inspección Judicial dio por concluida la investigación preliminar administrativa contra Rándall Zúñiga, director suspendido del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y el informe resultante abre un nuevo capítulo en su ya compleja situación legal.
De acuerdo con el documento administrativo, se habrían identificado posibles violaciones a los deberes de confidencialidad asociados a la naturaleza y responsabilidad del cargo que ocupaba Zúñiga, una falta que, de confirmarse, reviste especial gravedad tratándose de la máxima autoridad operativa de la policía judicial.
Un proceso paralelo al ámbito penal
La investigación administrativa se desarrolló mientras Zúñiga permanece suspendido de sus funciones, en medio de procesos judiciales por presuntos delitos sexuales que actualmente se tramitan en la vía penal.
Según representantes legales de las mujeres denunciantes, las conclusiones de la Inspección Judicial no son un asunto menor, ya que podrían incidir directamente en la valoración integral del caso y en la credibilidad institucional del funcionario suspendido.
Confidencialidad bajo la lupa
El eje central del informe gira en torno al manejo de información sensible, un elemento crítico en el funcionamiento del OIJ. La Inspección habría detectado actuaciones que, en apariencia, no se ajustan a los estándares de reserva y discreción exigidos a un jerarca con acceso privilegiado a investigaciones, datos personales y expedientes judiciales.
En el contexto del sistema de justicia costarricense, este tipo de señalamientos administrativos no sustituyen un proceso penal, pero sí pueden agravar el escenario jurídico del investigado y derivar en sanciones disciplinarias adicionales, según lo determinen las instancias correspondientes.
Implicaciones institucionales
Más allá de la situación personal de Zúñiga, el cierre de esta investigación preliminar reaviva el debate sobre la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial y el impacto que tienen los cuestionamientos a figuras de alto perfil en la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de la seguridad y la investigación criminal.
Las conclusiones ahora quedarán en manos de las autoridades competentes, que deberán definir si existen méritos suficientes para avanzar a nuevas etapas disciplinarias y cómo estos hallazgos se articulan con los procesos judiciales en curso.
Mientras tanto, el caso continúa sumando elementos que mantienen bajo escrutinio público a quien, hasta hace poco, encabezaba uno de los cuerpos más sensibles del aparato de justicia en Costa Rica.
