Ministerio de Justicia aplica «Tolerancia Cero»: Ya suman 56 empleados detenidos por corrupción y advierten que la limpieza interna apenas comienza.
El combate contra la corrupción dentro de las cárceles costarricenses ha dado un nuevo golpe, pero esta vez, el enemigo estaba en casa. El Ministerio de Justicia y Paz confirmó la detención de dos oficiales de la Policía Penitenciaria, quienes pasaron de custodiar a los reos a ser presentados ante el Ministerio Público, tras ser sorprendidos intentando ingresar objetos prohibidos al Complejo Penitenciario Jorge Arturo Montero Castro (conocido popularmente como La Reforma).
Este incidente no es un hecho aislado, sino parte de una preocupante estadística que revela cómo el crimen organizado intenta permear la seguridad del Estado a través de sus propios funcionarios.
Cazados en la entrada: Audífonos y Celulares Los hechos ocurrieron la semana anterior durante los rigurosos controles de acceso al personal. La confianza se rompió cuando dos agentes intentaron cruzar los filtros con tecnología vetada:
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El caso Álvarez: Este oficial llevaba ocultos en su bolso personal unos audífonos tipo «manos libres». Aunque parezca un objeto menor, en el mercado negro carcelario, este accesorio es vital para que los líderes de bandas se comuniquen sin ser detectados.
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El caso Quesada: Más grave aún fue la situación de este funcionario, a quien se le detectó un teléfono celular escondido en la bolsa del pantalón.
Ambos fueron desarmados, detenidos y trasladados a la Fiscalía de turno para enfrentar cargos penales.
La «Lista Negra» crece: 56 detenidos La situación en La Reforma es el reflejo de una purga masiva. El Ministerio de Justicia reveló datos escalofriantes: desde mayo de 2022 a la fecha, 56 colaboradores han sido puestos a la orden de las autoridades judiciales por delitos similares. El desglose es revelador:
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45 Policías Penitenciarios
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11 Funcionarios Administrativos
Contexto Legal: ¿Por qué es delito penal? Es fundamental entender que meter un celular a la cárcel ya no es una simple «falta laboral» que se castiga con un despido. Tras la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, introducir dispositivos de telecomunicaciones en centros penales se tipificó como un delito penal castigado con cárcel. «El incremento a hoy se debe a la apertura de causas por ingreso de dispositivos celulares o accesorios desde que la ley entró en vigencia», explicaron las autoridades ministeriales.
Análisis: El valor del silencio Expertos en seguridad penitenciaria señalan que un celular dentro de La Reforma puede costar hasta cinco veces su valor real. Estos dispositivos son utilizados para coordinar estafas telefónicas, ordenar homicidios y manejar las redes de narcotráfico desde las celdas. Al detener a estos oficiales, Justicia no solo castiga la corrupción, sino que corta, momentáneamente, la línea de comunicación del crimen organizado.
