Si la Asamblea Legislativa no corre, el máximo defensor de los derechos de los ticos quedará inoperante y paralizado en plena Navidad.
Costa Rica se encuentra al borde de un abismo jurídico sin precedentes. La Sala Constitucional, el órgano encargado de velar por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, ha encendido las luces de emergencia y ha enviado un mensaje lapidario a la Asamblea Legislativa: o nombran a los magistrados suplentes ya, o el tribunal podría quedar paralizado a partir del 16 de diciembre de 2025.
La advertencia no es una exageración administrativa. Ese día vence el nombramiento de todas las magistraturas suplentes. Sin estos jueces, la Sala pierde su capacidad operativa para conformar quórum ante recusaciones, incapacidades o permisos de los magistrados propietarios, lo que en la práctica significa un «freno de mano» a la justicia constitucional.
¿Qué significa la «parálisis» para usted? El presidente de la Sala IV fue claro en su comunicación con el Congreso: estamos ante una «eventual paralización de las funciones jurisdiccionales». Para el ciudadano de a pie, esto es gravísimo. Significa que si usted necesita un recurso de amparo por una cirugía urgente en la Caja, o un hábeas corpus por una detención ilegal, no habría quien resuelva su caso con la inmediatez que la ley exige.
El tribunal enfatizó que los más afectados serían las poblaciones en situación de vulnerabilidad, quienes dependen de la Sala para garantizar el acceso a la salud, la educación y la libertad.
Responsabilidad Internacional La carta enviada a Cuesta de Moras va más allá. Los magistrados advierten que dejar al país sin justicia constitucional no solo es una crisis interna, sino que podría acarrear responsabilidad internacional para el Estado costarricense por incumplir con la protección de los Derechos Humanos.
Carrera contra el reloj legislativo Aunque la Sala reconoce que ha habido «esfuerzos» de algunas instancias legislativas, la realidad es que los resultados son nulos. A escasos días de la fecha límite —y con el receso de fin de año de los diputados a la vuelta de la esquina—, no se han tomado las decisiones efectivas.
El mensaje final es un ultimátum: el país está «a las puertas de una seria crisis institucional». Si no se actúa esta semana, el Estado de Derecho costarricense entrará en una zona de riesgo desconocida en la historia reciente.
