Una bomba de tiempo social: El Colegio de Orientadores advierte que los maestros no dan abasto y que la prevención de la criminalidad está fallando desde la raíz.
En un país que se jacta de su inversión educativa, existe un vacío silencioso pero devastador que está pasando factura en los patios de recreo y, eventualmente, en las calles. Un informe reciente del Colegio de Profesionales en Orientación (CPO) ha puesto el dedo en la llaga: el sistema educativo costarricense tiene desprotegida a la inmensa mayoría de su población infantil.
La cifra es alarmante: el 94% de las escuelas primarias en Costa Rica no cuenta con un orientador. Solo un escuálido 6% de los centros tiene a este profesional en planilla. Esto significa que miles de niños atraviesan su etapa más crítica de desarrollo sin el acompañamiento especializado necesario para gestionar sus emociones y conflictos.
La raíz de la violencia futura Karen Sánchez, vicepresidenta del Colegio, fue contundente en su análisis. No se trata solo de un puesto laboral vacante; se trata de dejar «descubierta» a la primera infancia. En estos años escolares es donde se cimentan las bases de la personalidad y la identidad. Al no haber un guía profesional, problemáticas como el bullying, el manejo de la ira y la prevención de riesgos sociales quedan en el aire.
Los expertos advierten que esta carencia es el caldo de cultivo para la violencia que vemos hoy en día. Un niño que no aprende a resolver conflictos a los 8 años, es un adolescente vulnerable al crimen o a la violencia a los 15.
Maestros saturados y colegios colapsados La ausencia de orientadores provoca un efecto dominó: la sobrecarga docente. Los maestros, cuya función es pedagógica, terminan asumiendo roles de psicólogos o mediadores para los que no siempre están capacitados y que les restan tiempo de enseñanza.
Y si se piensa que en secundaria la cosa mejora, es una verdad a medias. Aunque en los colegios hay más plazas, la realidad es la saturación. Los orientadores en secundaria atienden al doble o triple de la población estudiantil recomendada por los estándares internacionales. El resultado es un sistema reactivo y no preventivo: el profesional pasa el día apagando incendios (crisis agudas, pleitos, trámites administrativos) y no tiene tiempo para trabajar en la prevención, que es justamente lo que el país necesita para frenar la ola de criminalidad.
Llamado de auxilio al Estado El gremio ha lanzado un ultimátum a las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP). Ampliar la cobertura no es un lujo, es una emergencia nacional. Asegurar un acompañamiento continuo desde la escuela no solo mejora el rendimiento académico, sino que funciona como el primer filtro de seguridad social para las futuras generaciones.
