Yorleny León urge unificar el sector para dejar de «pelotear» a los usuarios, pero los gremios advierten que el remedio podría salir más caro que la enfermedad.
Ser pobre en Costa Rica no es solo una condición económica, es un trabajo de tiempo completo. Las poblaciones más vulnerables del país —adultos mayores, personas con discapacidad y familias en pobreza extrema— se enfrentan a un laberinto burocrático que roza lo inhumano: para recibir la atención integral que el Estado promete, un ciudadano debe tocar hasta 17 puertas institucionales distintas.
Esta fragmentación del sistema social es el argumento central con el que Yorleny León, presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), defiende la urgencia de una reingeniería total del aparato estatal.
La pesadilla de la «tramitología» La jerarca ilustró el drama diario con un ejemplo crudo: si en una misma casa humilde vive un adulto mayor, un niño y una persona desempleada, esa familia debe peregrinar por tres o cuatro instituciones diferentes (PANI, CONAPAM, IMAS, etc.) para recibir los subsidios correspondientes. «Hoy hacemos que la gente tenga que tocar 17 puertas cuando podrían tocar una única puerta», reclamó León, abogando por un modelo de ventanilla única que devuelva la dignidad al usuario.
El «Mega Ministerio»: Ahorro y Eficiencia La propuesta del Poder Ejecutivo, plasmada en el expediente legislativo 23.346, busca crear el Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social (IDHIS). En la práctica, esto funcionaría como un «mega ministerio» que absorbería competencias de entidades como CONAPDIS, CONAPAM, PANACI, FODESAF y departamentos de la Junta de Protección Social.
La lógica no es solo operativa, sino financiera. León destacó un dato alarmante sobre el desperdicio de recursos: el sector social maneja un presupuesto colosal de casi ¢800 mil millones anuales. Sin embargo, gran parte se diluye en burocracia administrativa. «Tenemos 17 instituciones que tienen Procuraduría, Recursos Humanos, Auditoría y otros departamentos repetidos 17 veces», señaló la presidenta del IMAS. La centralización permitiría eliminar estas duplicidades y dirigir más dinero a las ayudas directas.
El freno político y la oposición técnica A pesar de la lógica de eficiencia, el proyecto de ley ha chocado con pared en la Asamblea Legislativa. León admite que la iniciativa «no tuvo viabilidad política» y se encuentra estancada en la Comisión de Modernización del Estado.
El rechazo no es gratuito. Diversos sectores técnicos han encendido las luces de alarma, advirtiendo que la «eficiencia» no puede estar por encima de los derechos humanos especializados:
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CONAPDIS (Discapacidad): Alerta que el proyecto desmantela la rectoría técnica y convierte a las personas con discapacidad en simples receptores de caridad («asistencialismo»), borrando años de lucha por un enfoque de derechos humanos.
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CONAPAM (Adulto Mayor): Teme perder su autonomía y presupuesto, lo que invisibilizaría las necesidades específicas de la vejez.
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Colegio de Trabajadores Sociales (Coltras): Considera que concentrar funciones sin criterio técnico es un retroceso peligroso que debilita la protección social.
El futuro: Una reforma obligatoria Aunque el proyecto actual parece estar en coma legislativo, el problema persiste. La Defensoría de los Habitantes respalda la tesis de que la dispersión actual genera registros incompletos y fallas de planificación. La conclusión es clara: sea con este proyecto o con uno nuevo en la próxima administración, Costa Rica no puede seguir sosteniendo un aparato social obeso y desconectado, donde el ciudadano vulnerable se desgasta más haciendo filas que recibiendo soluciones.
