La segunda semana de diciembre será un infierno en Cuesta de Moras: Oposición dice «sí» al TSE, mientras Daniel Vargas prepara la defensa total.
La cuenta regresiva ha comenzado. Lo que hace unos meses parecía una posibilidad lejana, hoy tiene fecha en el calendario legislativo. La Comisión Especial encargada de analizar las causas contra el mandatario ha tomado una decisión: recomendar al Plenario el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.
Este movimiento político, sin precedentes recientes contra un gobernante en ejercicio, busca habilitar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que investigue a fondo 15 causas por presunta beligerancia política.
El calendario: Un diciembre caliente Según fuentes legislativas, el pulso final no esperará al 2026. Se prevé que la sesión especial del Plenario para discutir y votar el desafuero se realice durante la segunda semana de diciembre. Esto significa que los diputados pretenden resolver la situación jurídica del Presidente antes de salir al receso de fin de año, convirtiendo las sesiones extraordinarias en un campo de batalla político.
La tesis de la mayoría: «Luz verde» al TSE El informe de mayoría, respaldado por las diputadas Alejandra Larios (PLN) y Rocío Alfaro (Frente Amplio), es contundente. Ambas legisladoras sostienen que el expediente enviado por el TSE contiene pruebas sólidas y no manipuladas que justifican retirar la protección especial del gobernante.
Sin embargo, Larios hizo una aclaración técnica vital para entender el proceso: la Asamblea no está condenando a Chaves. «La Asamblea Legislativa no conoce el fondo de los hechos, no juzga ni mucho menos sanciona… simplemente es una autorización para que el TSE pueda continuar investigando», explicó la liberacionista.
Por su parte, Alfaro descartó cualquier teoría de conspiración sobre la evidencia: «No parece que haya ninguna manipulación de la prueba, ni fabricada ni alterada… todo esto respalda las denuncias».
La muralla oficialista: «No es delito» En la acera del frente, el diputado oficialista Daniel Vargas anunció que presentará un informe de minoría para intentar blindar al mandatario. La estrategia de defensa del gobierno se basa en cuestionar la competencia del TSE para pedir el levantamiento del fuero por faltas que son administrativas y no penales.
«Nuestro informe irá defendiendo el estado de derecho… defendiendo que en el mundo entero no existe una competencia del órgano electoral que le permita pedir el levantamiento del fuero por algo que ni siquiera es delito», argumentó Vargas.
Análisis: ¿Qué está en juego? La beligerancia política (parcialidad electoral siendo funcionario público) es una falta grave en la legislación costarricense. Si el Plenario alcanza los 38 votos necesarios para levantar la inmunidad, Chaves quedaría expuesto a un proceso sancionatorio en el TSE. Si eventualmente fuera hallado culpable por los magistrados electorales, la sanción podría implicar la inhabilitación para ejercer cargos públicos, un escenario que sacudiría los cimientos de la administración a pocos meses de iniciar la campaña electoral del 2026.
