«No es una cuenta de ahorros»: La fuerte advertencia de la SUPEN que frena la entrega anticipada del ROP
La Superintendencia lanza una alerta roja a los diputados: Usar el dinero de la pensión para gastos inmediatos es una «amenaza» para la vejez.
En medio de una creciente presión social y legislativa para liberar los fondos de capitalización laboral antes de tiempo, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) ha trazado una línea innegociable en la arena política. La entidad reguladora emitió una advertencia severa sobre varias iniciativas de ley que cursan en el Congreso, calificándolas como una «amenaza directa» para la estabilidad del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
El mensaje de la SUPEN busca desmantelar la narrativa popular de que estos fondos son dinero de bolsillo. Las autoridades han sido enfáticas: el ROP no debe, bajo ninguna circunstancia, concebirse como un «ahorro personal de consumo inmediato», sino como el único blindaje financiero que tendrán miles de costarricenses para enfrentar la etapa más vulnerable de sus vidas.
El choque de visiones: Consumo vs. Seguridad
La postura de la Superintendencia choca frontalmente con la realidad que viven los hogares. Actualmente, el sistema protege a más de 88.000 pensionados, pero la suficiencia de esas mesadas está en entredicho.
La discusión legislativa ha girado en torno a permitir el retiro total o acelerado de estos recursos para que las familias paguen deudas o enfrenten la crisis del costo de vida. Sin embargo, para el ente técnico, esta solución es «pan para hoy y hambre para mañana».
El argumento de la SUPEN es que transformar un régimen de pensiones (diseñado para durar 20 o 30 años de sobrevida) en un fondo de auxilio inmediato desvirtúa su naturaleza jurídica y financiera, dejando al adulto mayor expuesto a la pobreza en sus últimos años.
La crisis de las medicinas y la insuficiencia
No obstante, la alerta de la SUPEN no puede ignorar el contexto social que impulsa estos proyectos de ley. La advertencia surge en un momento donde los adultos mayores enfrentan una asfixia económica real.
El reclamo de los sectores que piden la entrega del ROP se basa en necesidades tangibles: el monto de las pensiones básicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es a menudo insuficiente, y los jubilados deben destinar porcentajes altísimos de sus ingresos a la compra de medicamentos y tratamientos que la seguridad social no cubre o tarda demasiado en proveer.
Un sistema bajo presión
La posición de la SUPEN es una defensa institucional del modelo de capitalización individual. Advierten que, si se aprueban leyes que permitan el retiro anticipado masivo para consumo, se corre el riesgo de descapitalizar el sistema y reducir la profundidad del mercado de valores costarricense, afectando los rendimientos futuros de todos los trabajadores activos.
El debate queda ahora en manos de los diputados, quienes deberán decidir si atienden el criterio técnico de «amenaza» emitido por el regulador o si ceden ante la presión de un electorado que exige liquidez inmediata frente a un futuro incierto.
