Nueva República presenta proyecto de emergencia: Buscan otorgar la concesión directa a medios religiosos que no pudieron pagar la millonaria subasta.
Ante el inminente riesgo de un «apagón» de la radiodifusión religiosa en el país, la fracción del Partido Nueva República ha lanzado una ofensiva legislativa para rescatar a las emisoras católicas y evangélicas. El jefe de bancada, Fabricio Alvarado Muñoz, presentó el expediente 25.315, una iniciativa de ley diseñada para garantizar la continuidad operativa de estos medios, luego de que la gran mayoría no lograra participar en la reciente subasta de espectro debido a los elevados costos base.
La propuesta surge como una respuesta directa al cierre de la recepción de ofertas el pasado viernes, un proceso que dejó en evidencia que el modelo de mercado impuesto por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) resulta impagable para organizaciones sin fines de lucro.
La barrera de los ¢800 millones
El corazón del conflicto radica en los montos. El cartel de licitación estableció precios base que oscilaban entre los ¢4,8 millones para frecuencias AM y escalaban hasta los ¢800 millones para un canal de televisión nacional por una concesión de 25 años.
Estos precios, diseñados bajo una lógica comercial de alta rentabilidad publicitaria, sacaron del juego a las emisoras de corte espiritual. La exposición de motivos del proyecto es contundente al señalar la desconexión entre la política pública y la realidad social.
«Las condiciones técnicas y los requerimientos económicos… no se ajustan a la realidad operativa de estas emisoras», reza el texto, argumentando que los parámetros vigentes son incompatibles con la naturaleza de servicio público y comunitario que caracteriza a los medios religiosos.
La propuesta: Frecuencia directa y sin subasta
El proyecto de ley plantea un mecanismo de excepción. Propone que las organizaciones religiosas que operaban frecuencias antes del 21 de noviembre de 2025 reciban una concesión equivalente a la que ya tenían, sin necesidad de competir económicamente en la subasta, siempre y cuando demuestren que su fin es exclusivamente la transmisión de contenido de fe y no el lucro.
Para acceder a este «blindaje», las entidades deberán acreditar cuatro requisitos fundamentales:
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Poseer una frecuencia o contrato de administración previo.
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Demostrar una trayectoria comprobada en la transmisión de contenido religioso.
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Haber brindado el servicio de manera continua y gratuita al público.
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Mantener una programación predominantemente orientada a promover la fe y los valores (admitiendo contenido informativo o de entretenimiento compatible).
Un año para «ordenar la casa»
La iniciativa también contempla un transitorio para la formalización. Aquellos medios que operaban con fines religiosos pero que no estaban constituidos legalmente como asociaciones sin fines de lucro, tendrán un plazo de gracia de un año para transformar su figura jurídica y cumplir con los requisitos de la nueva ley.
Sin embargo, el futuro de esta propuesta enfrenta un obstáculo político inmediato. Dado que la Asamblea Legislativa se encuentra en periodo de Sesiones Extraordinarias, los diputados no pueden discutir el proyecto a menos que sea convocado por el Poder Ejecutivo. La pelota queda ahora en la cancha del presidente Rodrigo Chaves, quien deberá decidir si habilita la discusión para salvar a las radios cristianas o mantiene el curso de la subasta tal como está planteada.
