Juan José Sant’Anna vivía en el anonimato en Uruguay, pero su pasado en Bolivia lo alcanzó; ahora enfrenta una pena máxima de 30 años.
La impunidad de casi dos décadas ha llegado a su fin para uno de los fugitivos más buscados por delitos sexuales en la región. Las autoridades de Uruguay concretaron la captura de Juan José Sant’Anna Trinidad, un exsacerdote de 58 años que logró evadir a la justicia durante 17 años, escondiéndose bajo el techo de sus propios padres en la localidad de Salto.
Sant’Anna no es un delincuente común; sobre él pesan acusaciones que describen un patrón de depredación sistemática. La justicia de Bolivia lo requiere para que responda por el abuso sexual de al menos 30 menores de edad, crímenes cometidos presuntamente bajo el amparo de su sotana en un internado religioso.
La «casa de los horrores» en Tapacarí
El expediente judicial revela una historia de terror que tuvo lugar entre los años 2005 y 2007. El escenario fue el internado Monseñor Ángel Gelmi, ubicado en Tapacarí, Bolivia.
En aquel entonces, Sant’Anna fungía como el encargado del ala masculina de la institución salesiana. Aprovechando su posición de autoridad y confianza, el religioso habría sometido a decenas de niños y adolescentes, cuyas edades oscilaban entre los 6 y los 17 años.
La magnitud del caso conmocionó a la comunidad boliviana cuando salió a la luz, pero para ese momento, el principal sospechoso ya había desaparecido del mapa, iniciando una vida clandestina en su país natal, Uruguay.
Cuenta regresiva: 40 días para la extradición
Tras su detención, el sistema judicial uruguayo ha activado el protocolo internacional. La justicia de ese país otorgó a Bolivia un plazo perentorio de 40 días para formalizar y completar el trámite de extradición.
Si el proceso se completa con éxito, Sant’Anna será trasladado a suelo boliviano para enfrentar un juicio que podría sentar un precedente histórico. Dada la gravedad de los delitos, la cantidad de víctimas y la vulnerabilidad de las mismas, el exsacerdote se enfrenta a una condena potencial de hasta 30 años de cárcel, la pena máxima contemplada para estos crímenes en la legislación de ese país.
«Culpa» sin perdón público
El perfil del acusado muestra una dualidad perturbadora. Mientras vivía oculto en la casa de sus padres, Sant’Anna ha ofrecido declaraciones a reportajes periodísticos en los que admite sentir «culpa» por el dolor causado.
Sin embargo, las organizaciones de víctimas y las autoridades destacan un vacío crucial en su discurso: a pesar de reconocer el daño en privado o ante la prensa, el exsacerdote nunca ha emitido una disculpa pública a los 30 niños —hoy adultos— cuyas vidas marcó para siempre. La captura abre ahora la puerta para que las víctimas obtengan, 17 años después, la justicia que se les había negado.
