Un fuerte operativo judicial sorprendió este martes a comerciantes en varios puntos del país, luego de que una marca internacional –que, según fuentes cercanas, sería la reconocida Nike– denunciara la venta masiva de artículos que imitaban sus productos oficiales. La acción desencadenó una ofensiva simultánea del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en 20 comercios ubicados en los cascos centrales de Alajuela, Heredia, Cartago y San José.
Lejos de ser un procedimiento aislado, la intervención movilizó a múltiples unidades del OIJ, así como a Policías Municipales y a la Policía de Control de Drogas (PCD), evidenciando la magnitud del caso. Las autoridades buscan frenar lo que consideran una posible estructura dedicada a distribuir mercancía que infringiría la ley de propiedad intelectual, un delito que en Costa Rica puede incluso derivar en procesos penales y cierres definitivos de establecimientos.
Aunque oficialmente el nombre de la marca no se ha hecho público, la investigación habría comenzado tras varias alertas sobre productos que se vendían como originales, pero que presentaban inconsistencias en su diseño, materiales y distribución. Esto llevó a la compañía internacional a presentar denuncias formales, lo que encendió las alarmas dentro del sistema judicial.
La operación tiene como objetivo detener a al menos nueve personas que, según las pesquisas, estarían a cargo de la logística, administración y distribución del material cuestionado. Esta parte del proceso será clave para determinar si se trata únicamente de comercios que adquirían mercancía dudosa o si existe una red más amplia coordinando la importación y venta de artículos falsificados.
El tema no es menor: Costa Rica ha experimentado en los últimos años un aumento en los decomisos de productos “piratas”, desde calzado deportivo y ropa de marca hasta accesorios tecnológicos. Expertos apuntan a que este tipo de delitos afecta no solo a las empresas legítimas, sino también al consumidor final, que termina pagando por un artículo de calidad inferior.
Mientras avanza la investigación, las autoridades mantienen presencia en los locales intervenidos, con el fin de recopilar evidencia, incautar productos sospechosos y determinar la responsabilidad de cada negocio. El caso podría marcar un precedente en la vigilancia del comercio informal y formal en el país, especialmente en un contexto donde las marcas intensifican sus esfuerzos para proteger su propiedad intelectual.
