«AyA le echa la culpa a la Muni, y la Muni se la devuelve»: El «zafarrancho» que tiene a 240 familias en Upala viviendo entre aguas negras
Un recurso de amparo busca frenar el «peloteo» entre Acueductos y la Municipalidad, mientras la gente vive en un foco de enfermedad desde hace una década.
Más de 240 familias de la Urbanización Don Chú, en Upala, viven atrapadas en medio de un «zafarrancho» institucional que las ha condenado a más de una década de insalubridad. El problema es crudo: no existe un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales, y mientras la salud pública colapsa, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Municipalidad de Upala se culpan mutuamente.
Esta «parálisis administrativa», que ha resultado en vertidos ilegales y graves riesgos sanitarios, escaló esta semana. La diputada del Frente Amplio, Priscilla Vindas, presentó este 12 de noviembre un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, acusando a ambas instituciones y al Ministerio de Salud de violar los derechos a la salud, a un ambiente sano y a una vida digna de estas familias.
El «peloteo» de la responsabilidad
El expediente legal desnuda un caso clásico de burocracia defensiva. El Ministerio de Salud, consciente del desastre, ha emitido múltiples órdenes sanitarias desde el año 2020. Sin embargo, las órdenes caen en un vacío de competencia, pues las dos entidades que deben ejecutar la solución se «pelotean» la responsabilidad:
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La posición del AyA: Acueductos y Alcantarillados se lava las manos. Atribuye la responsabilidad directa a la Municipalidad de Upala, argumentando que el gobierno local es el «operador autorizado» de los servicios en el cantón.
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La posición de la Municipalidad: El gobierno local se la devuelve. Alega que no tiene competencia legal sobre el manejo de aguas residuales, una tarea que, según ellos, le corresponde a una entidad especializada como el AyA.
Mientras los abogados discuten quién debe mover la maquinaria, las 240 familias de Don Chú siguen lidiando con las consecuencias de la inacción estatal.
Más que una molestia, un riesgo sanitario
La denuncia de la diputada Vindas no es por malos olores; es por un riesgo de salud pública inminente. La ausencia de un sistema de saneamiento ha provocado que la situación sea «grave». Los vertidos ilegales de aguas negras han contaminado el entorno, creando un foco de enfermedades.
La inacción del AyA, la Municipalidad y el propio Ministerio de Salud (que emitió órdenes pero no logró que se ejecutaran) es lo que ahora deberá resolver la Sala Constitucional.
Buscando un precedente legal
El recurso de amparo no solo busca una solución para la Urbanización Don Chú. Se solicita a los magistrados que ordenen la ejecución inmediata de un plan integral de saneamiento que resuelva el problema de fondo.
La diputada Vindas espera que un fallo favorable de la Sala IV haga más que arreglar este caso puntual. El objetivo es establecer un precedente legal que obligue a las instituciones a coordinar y que sirva de herramienta para otras comunidades en el cantón de Upala que enfrentan una problemática similar de abandono y «peloteo» institucional.
