Datos del Poder Judicial revelan que 25 de las víctimas eran madres. Experta en derechos humanos, Larissa Arroyo, señala al Estado como «principal responsable» por el incumplimiento de sus deberes de prevención.
💔 El drama de los huérfanos
La crisis de violencia de género en Costa Rica muestra su rostro más trágico en las víctimas colaterales. En lo que va del 2025, los femicidios han dejado a 54 hijos e hijas huérfanos. De ellos, 36 son menores de edad que perdieron a sus madres de forma violenta, según el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, con corte al 2 de noviembre.
El informe detalla que 25 de las 32 mujeres asesinadas eran madres. Solo entre los casos de este año, víctimas como Yeilyn, Ingrid, Meribeth y Xinia dejaron entre tres y cinco hijos cada una, quienes ahora dependen de familiares o del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
📈 Una tendencia al alza que supera al 2024
Las cifras de 2025 confirman una «tendencia alarmante», como la calificó la abogada especialista Larissa Arroyo. Las 32 muertes violentas de mujeres ya superan el total de 21 femicidios contabilizados en todo el 2024.
La Fiscalía Adjunta de Género confirmó que 23 de estos casos se investigan bajo el artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (cometidos en una relación sentimental). Los 9 restantes se catalogaron como «femicidios en otros contextos», una figura legal incorporada en 2021 para crímenes perpetrados por personas con vínculos de poder o confianza.
Desde 2007, el país acumula 539 femicidios. Este año, San José (11 casos), Alajuela (5) y Limón (5) encabezan las estadísticas provinciales.
🗣️ Experta: «El Estado no ha hecho lo suficiente»
Para la especialista en derechos humanos, Larissa Arroyo, los datos demuestran una falla estructural. «El Estado es el principal responsable de prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar este tipo de violencia», indicó.
Arroyo recordó que estas obligaciones derivan de compromisos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que tienen rango supraconstitucional en Costa Rica.La abogada criticó que «el Estado no ha hecho lo suficiente» y vinculó la situación a «discursos de odio que provienen incluso de jerarcas de gobierno» y a la eliminación de políticas como la educación sexual, debilitando las herramientas para el cambio cultural.
INFORMACION DIARIO EXTRA
