Un análisis del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revela una trágica radiografía de la violencia en Costa Rica: los asesinatos de menores de edad han alcanzado un nivel sin precedentes en los últimos dos años. Esta crisis se agrava por un aumento de quince veces en las víctimas colaterales de tiroteos durante la última década.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha encendido una de sus alertas más graves hasta la fecha. Los registros oficiales confirman que los homicidios de menores de edad en Costa Rica han alcanzado su punto más alto en la historia reciente, concentrándose esta alarmante tendencia en los últimos dos años.
Esta estadística devastadora refleja cómo la población inocente está pagando el precio más alto en medio de la escalada de violencia que vive el país.
Cifras Récord que Encienden Alarmas
Los datos recopilados por el OIJ son contundentes. Si bien la violencia ha aumentado en todos los sectores, el impacto sobre la población infantil y adolescente es particularmente preocupante. El repunte de asesinatos de menores en los últimos dos años marca un hito trágico en la historia criminal del país, superando registros anteriores y mostrando una vulnerabilidad extrema.
El Factor Agravante: Víctimas Colaterales Multiplicadas por 15
Lo que agrava esta alarmante situación es la causa detrás de muchas de estas muertes. El OIJ señaló que el número de víctimas colaterales en tiroteos —personas que mueren o resultan heridas sin ser el objetivo del ataque— se ha multiplicado por quince durante la última década.
Muchos de los menores de edad fallecidos entran en esta categoría: niños y adolescentes alcanzados por balas perdidas mientras jugaban en sus barrios o dormían en sus casas, atrapados en el fuego cruzado de disputas criminales.
Un Reflejo de la Crisis de Seguridad Nacional
Estos datos del OIJ confirman que la violencia ha desbordado los círculos criminales y ahora afecta de manera directa a la población inocente. La gestión de la seguridad pública y la protección de los menores de edad se ha convertido en el desafío más apremiante para el Estado costarricense
