Una controversial iniciativa de ley que busca aumentar en un tercio las penas por delitos cometidos durante protestas si el infractor oculta su rostro, ha superado su primer filtro en comisión. El proponente, Pablo Sibaja, lo ve como una herramienta de seguridad, mientras que sindicatos como ANDE denuncian una violación al derecho de manifestación.
Un acalorado debate sobre los límites de la protesta social se ha encendido en la Asamblea Legislativa. Un proyecto de ley que propone sancionar con mayor severidad a quienes participen en huelgas o manifestaciones con el rostro cubierto logró avanzar en comisión, aunque con votación dividida, y ahora se enfila hacia el Plenario.
La iniciativa busca agravar las penas por delitos como obstrucción de vías o vandalismo cuando el perpetrador oculte su identidad, una medida que sus defensores ven como necesaria para la seguridad, pero que sus detractores califican como una peligrosa restricción a las libertades civiles.
El Origen: Del Vandalismo a la «Persecución» de Anna Katharina Müller
El impulso de este proyecto no es casual. Responde a una serie de incidentes ocurridos en manifestaciones recientes, que han generado preocupación en algunos sectores políticos. Entre los hechos citados como motivación están los recurrentes casos de vandalismo (como paredes rayadas) y, en particular, la persecución que sufrió la exministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, en los pasillos del CONARE.
Estos eventos llevaron al diputado Pablo Sibaja a proponer la reforma, argumentando que en países como Italia o España, ocultar la identidad en disturbios ya representa un agravante penal.
¿Qué Propone Exactamente la Reforma?
El proyecto de ley no prohíbe taparse la cara per se, sino que agrava las consecuencias si se comete un delito mientras se hace. La propuesta es clara: aumentar en un tercio las penas por delitos ya tipificados (como obstrucción de vías o daños a la propiedad) si el infractor comete el acto ocultando deliberadamente su identidad con máscaras, capuchas u otros implementos.
Fuerte Oposición de ANDE: «Vulnera el Derecho a la Manifestación»
La iniciativa enfrenta una férrea oposición, principalmente de agrupaciones sindicales. La Asociación Nacional de Educadores (ANDE) ha sido una de las voces más críticas, argumentando que el proyecto vulnera el principio de inocencia y coarta el derecho a la libre manifestación.
Los sindicatos temen que la ley se utilice para criminalizar la protesta social legítima y amedrentar a los manifestantes que, por diversas razones, podrían optar por proteger su identidad.
Un Debate de Equilibrios Pendiente en el Plenario
Tras su aprobación en comisión con votación dividida, el proyecto de ley llegará al Plenario Legislativo, donde se espera el debate de fondo. La discusión se centrará en encontrar un difícil equilibrio entre garantizar el orden público y la seguridad, y proteger el derecho constitucional a la protesta pacífica.
La compleja gestión de la seguridad pública y el respeto a los derechos civiles es un desafío constante para la democracia costarricense
