Los abogados Francisco Jiménez y Luis Alberto Cordero publicaron un análisis en el que defienden la actuación del Tribunal Supremo de Elecciones, argumentando que la entidad no se extralimitó en sus funciones y que la inmunidad presidencial no es un sinónimo de impunidad.
En medio del intenso debate político sobre la solicitud para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, dos reconocidos juristas han salido en defensa de la potestad constitucional del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para impulsar este procedimiento.
A través de un artículo de opinión publicado este lunes, los abogados Francisco Jiménez Solano y Luis Alberto Cordero Arias respaldaron la actuación del órgano electoral, calificándola como una medida legal y necesaria para investigar las 15 denuncias por presunta beligerancia política contra el mandatario.
«El TSE Actuó Dentro de su Marco Constitucional»
El principal argumento de los juristas es que, contrario a lo que alegan sectores del oficialismo, el TSE no se extralimitó en sus funciones. Sostienen que el artículo 102 de la Constitución Política le otorga al Tribunal una autonomía plena y competencia exclusiva en materia electoral.
«Sostener que el TSE no puede solicitar el levantamiento de la inmunidad en estos casos desconoce tanto la Constitución como el desarrollo legal que la complementa», señalan los expertos en su análisis. Afirman que esta competencia incluye la potestad de investigar a cualquier funcionario público, sin excepción, cuando existan indicios de violaciones a la normativa electoral.
Inmunidad no es un Privilegio, es una Garantía Funcional
Otro punto clave del análisis es la naturaleza de la inmunidad presidencial. Jiménez y Cordero aclaran que esta figura no debe ser interpretada como un «privilegio personal» o un escudo de impunidad. Por el contrario, es una garantía funcional diseñada para proteger el ejercicio del cargo de persecuciones políticas arbitrarias.
Sin embargo, recalcan que esta protección no es absoluta y puede ser levantada por la Asamblea Legislativa si, como en este caso, existen fundamentos legales suficientes presentados por la autoridad competente.
Un Llamado a Proteger al Garante de la Democracia
Finalmente, los abogados lanzan una advertencia sobre los riesgos de debilitar la institucionalidad del país. Argumentan que cuestionar las potestades del TSE podría minar su rol fundamental como «garante de la pureza del sufragio» y la imparcialidad en los procesos electorales, pilares de la democracia costarricense.
«El constituyente quiso que el TSE tuviera autonomía plena para salvaguardar la pureza del sufragio», concluyen, reforzando la legitimidad de la acción del tribunal.
