El Consejo Universitario de la Universidad Nacional califica las declaraciones del legislador Jorge Antonio Rojas como «contrarias a la tradición democrática» y un grave atentado contra la dignidad humana y la libertad de expresión.
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) ha emitido un contundente rechazo a las recientes declaraciones del diputado oficialista Jorge Antonio Rojas López, quien sugirió que los costarricenses que se oponen al actual Gobierno deberían abandonar el país.
A través de un acuerdo formal, la institución de educación superior calificó las expresiones como un ataque a la democracia costarricense y exigió al legislador del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) que se retracte y ofrezca una disculpa pública.
«Atenta Gravemente contra la Dignidad Humana»
En el acuerdo UNA-SCU-ACUE-355-2025, aprobado este jueves 9 de octubre, el Consejo Universitario fundamenta su «rechazo categórico» a las palabras del legislador. El documento señala que toda manifestación pública que invoque «el desalojo o exclusión de personas por motivos ideológicos, políticos o de conciencia atenta gravemente contra la dignidad humana, la convivencia democrática y la institucionalidad republicana».
La UNA considera que estas declaraciones son contrarias a los derechos humanos y a los principios de pluralismo consagrados en la Constitución Política.
La Polémica Sugerencia del «Destierro»
La controversia se originó a raíz de las expresiones del diputado Jorge Antonio Rojas, en las que manifestó que las personas que expresan oposición al gobierno deberían irse de Costa Rica. Estas palabras fueron ampliamente interpretadas como una peligrosa alusión al destierro de ciudadanos por motivos políticos, una idea que choca frontalmente con la historia y los valores del país.
Un Llamado a Defender la Democracia y la Libertad de Expresión
Más allá de la condena, la UNA reafirmó su compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad de expresión y el pensamiento crítico. El acuerdo concluye con un llamado a todos los poderes del Estado y a la sociedad costarricense a «defender el Estado Social de Derecho, el respeto al pluralismo y la promoción del diálogo democrático».
