Tras una batalla legal iniciada por un periodista, la Sala Constitucional obligó a Casa Presidencial a entregar información que revela sueldos superiores a ₡1.4 millones para consejeros vinculados a redes de desinformación y ataques a opositores.
Una contundente sentencia de la Sala IV obligó a la Casa Presidencial a revelar información que hasta ahora manejaba con opacidad: los salarios de sus funcionarios. La resolución judicial no solo defendió el derecho a la libertad de prensa, sino que expuso cómo dos figuras identificadas como operadores de redes de troles pro-gobierno devengan salarios millonarios pagados con fondos públicos.
La orden de los magistrados se dio tras acoger un recurso de amparo presentado por un periodista de Radio Zurquí, a quien Presidencia le había entregado información incompleta sobre los funcionarios que acompañaron al mandatario Rodrigo Chaves a su informe de labores en la Asamblea Legislativa.
¿Quiénes Son y Cuánto Ganan?
La información, entregada por Presidencia el pasado 8 de octubre bajo orden judicial, detalla los puestos y remuneraciones de, entre otros, dos consejeros del presidente Rodrigo Chaves cuya actividad en redes sociales ha sido ampliamente cuestionada:
- Ariel Mora Fallas: Ocupa el cargo de consejero presidencial con un salario de ₡1,543,646. Ha sido señalado como administrador de grupos de WhatsApp dedicados a hostigar a periodistas y opositores.
- Aleikko Tattoli Dunkley: Nombrado consultor profesional presidencial, percibe un sueldo de ₡1,438,605. Su actividad digital ha sido vinculada a campañas de propaganda y difamación.
La Batalla por la Transparencia: Un Recurso de Amparo Ganado
La revelación fue posible gracias a que la Sala Constitucional determinó que Casa Presidencial lesionó los derechos fundamentales del comunicador al brindarle una «respuesta genérica» y ocultar los puestos y salarios de su personal.
En la sentencia n.° 2025-032115, el tribunal fue claro al señalar que la información sobre el salario de un funcionario público no puede considerarse un dato sensible y, por el contrario, es de interés público.
Un Patrón de Opacidad en el Gobierno
Este no es un caso aislado. La sentencia se suma a una larga lista de fallos de la Sala IV que han forzado al gobierno de Rodrigo Chaves a entregar información pública que se negaba a facilitar.
Episodios como los detalles de la cena con Nayib Bukele, los fondos del BCIE o datos del MEP han seguido un patrón similar: una solicitud de información es denegada o ignorada, y solo la intervención de los magistrados garantiza la transparencia.
